La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un plan para capturar y marcar lobos en las zonas más conflictivas con el objetivo de aumentar el conocimiento de la especie, en cuanto al uso del territorio y su comportamiento frente a la ganadería, además de mejorar las medidas de protección que se puedan implantar.
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Así, a través de emisores GPS que se colocarán a los cánidos, la Junta pretende obtener datos para evaluar la eficacia de las medidas de protección que se están adoptando y, en su caso, «proponer actuaciones para incrementar su efectividad».
La Administración Regional especifica que se emplearán para ello trampas certificadas bajo los acuerdos internacionales de captura no cruel. En concreto, se trata de dispositivos que se activan con la presión de la pata del lobo que al pisar activa un lazo de acero anclado al terreno, «aunque sin producir daños en la extremidad del animal», como se aclara en este Plan de Captura y Radiomarcaje del Lobo Ibérico.
Las capturas las realizará personal formado por la administración. En concreto, el equipo estará formado por un técnico y cuatro oficiales especialistas que se encargarán del diseño de las líneas de trampeo con la colaboración de los agentes medioambientales.
El equipo también contará con la figura de un veterinario con experiencia en el manejo de fauna silvestre, que será el encargado de inmovilizar y sedar al lobo para que no sufra daños y haga además que su manipulación sea más segura para los especialistas.
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Una vez capturados, a los ejemplares se les colocará un collar localizador, «acorde al peso y dimensiones del animal», que hará posible su seguimiento. El plan especifica, además, que el lobo deberá liberarse en el mismo punto de captura y que durante las primeras 12 horas se realizará un «seguimiento detallado».
De manera previa a las capturas de los ejemplares, se llevará a cabo un proceso de formación por parte de expertos.
En estos últimos años, la Junta de Castilla y León ha constatado un importante aumento en el censo del lobo ibérico, lo que también ha incrementado el número de ataques al ganado hasta el punto de duplicarse en los últimos siete años al pasar de 2.769 animales muertos en 2015 a 5.080 en 2022.
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