Era cuestión de tiempo que Luis Planas se cobrase la factura que tenía pendiente con Mañueco. Y lo hizo ayer, aprovechando las declaraciones que realizó antes de entrar en la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura en Bruselas. Pero, primero, los hechos. El 1 de septiembre, coincidiendo con la presencia del ministro de Agricultura en funciones en la inauguración de Salamaq, el presidente de la Junta de Castilla y León se soltó la melena y lanzó duras críticas contra Planas por la no gestión de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) y por la discriminación en las ayudas por la sequía a nuestra región; el sábado pasado, Mañueco acusó al Gobierno, en un acto celebrado en Zamora, de «estar de brazos cruzados» ante el grave problema de la EHE, pidió una mayor implicación y un plan nacional para hacer frente a esta enfermedad, que se está cebando con la ganadería de vacuno de Castilla y León, especialmente de la provincia de Salamanca. Pues bien, ayer, Planas dijo que estaba «indignado» con la petición al Gobierno realizada por Mañueco y pidió no politizar la sanidad animal. A partir de ahí, con un tono visiblemente irritado, producto de su soberbia y prepotencia, comenzó a mezclar churras con merinas, sacó a relucir la Constitución y a hablar de que el PP se había contagiado del extremismo de Vox, por decirlo de forma resumida. Esto no es nuevo, porque el jueves pasado, Fernando Miranda, el secretario general de Agricultura, en una reunión con las organizaciones agrarias, ya comenzó a enseñar «la patita» y dejó caer que el Ministerio de Agricultura había cumplido con su función en la gestión de la EHE y que la mayor parte de la culpa de lo que había sucedido era de las Comunidades Autónomas.
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Pero, esta no fue la única noticia que nos dejó ayer. Hubo otra que no es precisamente buena para los intereses de los agricultores y ganaderos profesionales que se hayan acogido a los ecorregímenes. Porque el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) hizo públicos los importes unitarios provisionales de la campaña 2023. De un primer análisis apresurado se desprende que el montante que van a cobrar los que se acogieron a estos instrumentos de nueva creación estará muy por debajo del que había previsto el Ministerio de Agricultura en sus estimaciones iniciales como «indicativo». Un ejemplo es lo que ha sucedido con el de «pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos mediterráneos» que tendrá un importe de 27 euros por hectárea para las primeras 95 hectáreas; a partir de este tope se aplicará la degresividad y bajará la cifra final todavía más. Cada vez falta menos para que los agricultores y ganaderos beneficiarios de las ayudas puedan comprobar las rebajas globales de las ayudas en sus cuentas corrientes.
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