La disolución de Las Cortes ha generado inquietud en el sector agrario. Y es que esa disolución deja en el aire la ratificación del paquete de ayudas para paliar los efectos de la sequía. Vayamos por partes. El Gobierno aprobó el jueves 11 de mayo un real decreto ley por el que se adoptaban «medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y el agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas»; de forma resumida, se trata del «paquete sequía» aprobado pocas horas antes de que comenzase la campaña electoral de manera formal. El citado texto fue publicado en el BOE al día siguiente, el viernes 12 mayo, y en su disposición final sexta se dice que «el presente real decreto-ley entrará en vigor al día de su publicación en el BOE», ósea el sábado día 13. En consecuencia, la citada norma está en vigor ahora mismo. Pero también es necesario que sea convalidada por Las Cortes. Y aquí es donde vendría, en principio, el problema, porque hasta el momento no se ha registrado esa convalidación y se han disuelto Las Cortes, según anunció ayer, deprisa y corriendo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
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Y ahora viene la pregunta: ¿qué pasará a partir de este momento? Pues, en principio, la cosa parece estar bastante clara, a tenor de lo que dice la legislación vigente: «el debate y votación sobre la convalidación o derogación de un real decreto ley se realizará en el Pleno de la Cámara o de la Diputación Permanente, antes de transcurrir los treinta días siguientes a su promulgación, de conformidad con lo establecido en el artículo 86.2 de la Constitución». En consecuencia, y según lo citado anteriormente, las cosas estarían claras y sería ahora la Diputación Permanente la que debería abordar el asunto en alguna de las próximas reuniones que celebre, y siempre antes de que se cumpla el plazo de los treinta días citados. Parece que se debatirá este jueves, aunque no hay confirmación oficial.
En resumidas cuentas, que no debería haber problemas, pero también es verdad que, con las cosas estas de los plazos en situaciones atípicas y extraordinarias, cualquiera sabe. En principio, seamos optimistas y pensemos que el dinero prometido terminará llegando a su debido tiempo a los bolsillos de los agricultores y ganaderos. Mientras tanto, ahora deberíamos prestar atención a la preparación de los capítulos agrarios de los programas electorales de los diferentes partidos políticos, de cara a esas elecciones generales convocadas para el 23 de julio. Pero, mucho me temo que los ciudadanos, en general, y las gentes del campo, en particular, estamos un tanto «pasotas» al respecto, ya que las promesas que nos hacen terminan por no cumplirse en muchos casos.
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