Algunos de los agricultores y ganaderos que han participado en las protestas de las últimas semanas están comenzando a recibir las comunicaciones con las multas impuestas por incumplimientos de la normativa. La «cosa va por barrios». Es decir, que depende mucho de la actitud que hayan tenido los responsables de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en cada zona y también de la actitud de los subdelegados del Gobierno en las diferentes provincias. Llegados a este punto habría que hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué no se incluye en las tablas reivindicativas de las movilizaciones que se han convocado para las próximas semanas la petición de una medida de gracia para los sancionados, llámese indulto o amnistía? Y no, no es un planteamiento demagógico. La misma razón por la que se va a amnistiar a los responsables de los actuaciones en Cataluña durante el proceso entendido en sentido amplio, incluidas las andanzas de la familia Pujol, se podría utilizar para pedir medidas de gracia a los agricultores y ganaderos. Y, ya puestos, también al conjunto de los ciudadanos que hayan sido multados por infracciones de tráfico o que tengan pendientes deudas con Ayuntamientos, Diputaciones y con Hacienda. Insisto: no lo planteo desde un punto de vista demagógico o en plan de broma. Visto desde el punto de vista político, si el voto de los independentistas catalanes es muy valioso para que Pedro Sánchez siga en el Gobierno, el sufragio de cada uno de los españoles, especialmente de los afectados por este conjunto de sanciones o actuaciones de las Administraciones, también puede serlo.
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Y sigue otra cuestión jurídica. Luis Planas y su equipo han sometido ya a la consideración de las Comunidades Autónomas un primer documento con medidas de flexibilización del Plan Estratégico de la PAC que impuso el ministro en su día. Lo primero es que han tardado más de un mes en hacerlo; lo segundo es que también depende de lo que decidan en Bruselas y, lo tercero, es que se crea un grave problema de inseguridad jurídica. A saber: los agricultores y ganaderos con derecho a ellas están solicitando ya las ayudas de la PAC correspondientes a este año; sin embargo, en caso de aprobarse algunas de las medidas planteadas por Planas, podrían suponer cambios en las reglas del juego y que se introdujesen modificaciones en esas declaraciones. ¿Qué se haría en ese supuesto? ¿Las modificaciones afectarían ya a 2024 o se pospondrían hasta 2025 y años siguientes? Vamos a ver quién pone el cascabel al gato. En este contexto conviene recordar que, si ha habido una constante a lo largo de los últimos años en relación con las reglas del juego de la PAC, ha sido la inseguridad jurídica. Y lo explico con un único ejemplo, aunque se podrían poner muchos más: esa nueva PAC entró en vigor en 2023, pero los agricultores y ganaderos tuvieron que tomar sus decisiones de siembra en octubre-noviembre de 2022, sin conocer las reglas del juego a las que iban a estar sometidos, que no se publicaron en el BOE hasta finales de diciembre de ese mismo año. ¿Cabe mayor aberración desde el punto de vista jurídico y, sobre todo, desde el sentido común?
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