Castilla y León rechaza dar más protección al lobo y que se prohíba su caza

Castilla y León -junto con Galicia, Asturias, Cantabria- considera innecesaria la inclusión del lobo ibérico en un Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), una propuesta que el Gobierno central lleva analizando desde hace varios meses, lo que ha movilizado la inquietud de las cuatro comunidades autónomas, que han enviado una carta conjunta a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, carta conjunta firmada por los cuatro consejeros.

Como se indica en la carta conjunta, otorgar al lobo un nivel de protección adicional al que ya tiene en este momento sería una decisión claramente contraria a los intereses de las comunidades al norte del río Duero, que tienen importantes poblaciones de esta especie asentadas en su territorio y, por tanto, son los que sufren las mayores consecuencias en el sector ganadero de los ataques puntuales de estos animales.

La inclusión del lobo en el LESPRE supondría la prohibición general de su caza, ya que dejaría de ser considerada una especie susceptible de caza como especie cinegética. Solamente de forma excepcional la captura de un ejemplar podría autorizarse bajo criterios mucho más estrictos que en la actualidad, limitación que haría mucho más difícil que las comunidades con presencia de lobo al norte del río Duero recurrieran a acciones cinegéticas específicas cuando estos animales amenacen los intereses ganaderos.

En este sentido, la oposición de las Comunidad Autónomas que suscriben el escrito contrario a la propuesta de catalogación, se basa en que sería totalmente contraria a las políticas desarrolladas en estas Comunidades en los últimos años para buscar la compatibilidad entre la existencia de manadas de lobos en diferentes zonas del territorio con la ganadería extensiva. De hecho, como se menciona en la carta conjunta a la ministra, estos cambios en cuanto al nivel de protección del propio lobo ibérico podrían poner en peligro el futuro de alguna raza autóctona.

Cabe señalar que la decisión de dirigirse a Teresa Ribera para transmitir su rechazo a esta posibilidad se tomó tras la reunión celebrada recientemente entre los cuatro directores generales de la rama y el director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio, una reunión solicitada en septiembre por las cuatro comunidades considerando que serían las más afectadas en caso de que la iniciativa prospere.

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