ASAJA, COAG y UPA ven desproporcionadas las sanciones a agricultores y ganaderos

Las organizaciones agrarias ASAJA Salamanca, COAG y UPA han expresado su «más rotunda indignación» ante las «desorbitadas» multas impuestas a agricultores y ganaderos «por ejercer su derecho a manifestarse». En un comunicado de prensa, las tres organizaciones mantienen que las sanciones a las que se refieren, de 600 euros por una tractorada autorizada el pasado 8 de febrero, y de 10.401 euros por la protesta frente a la delegación territorial de la Junta de Castilla y León del 5 de junio de 2023, «también autorizada, han generado -señalan- una profunda preocupación en el sector».

En cuanto a la tractorada, las organizaciones agrarias indican que se trata de una medida «injusta y desproporcionada». Con respecto a las sanciones por la manifestación frente a la delegación territorial de la Junta de Castilla y León, apuntan que a ellas se suma la imputación penal de nueve ganaderos. Las organizaciones agrarias denuncian que estas medidas son «un intento claro de coartar el derecho a protestar de un sector ya de por sí castigado y vilipendiando».

ASAJA, COAG y UPA denuncian, además, el «agravio comparativo con lo sucedido en Cataluña durante el referéndum ilegal y las posteriores manifestaciones, donde se vieron -dicen en el comunicado- escenas de extrema violencia y se reivindicaban acciones ilegales y poco éticas». «Es inadmisible que mientras en Cataluña se perdona a quienes actuaron con violencia y fuera de la ley, en Castilla y León se castiga desproporcionadamente a quienes simplemente defienden su derecho a trabajar y a ser escuchados», añaden.

Para estas organizaciones agrarias, estas multas «son una absoluta barbaridad y una cifra totalmente desproporcionada» y añaden que al no identificarse a nadie en el momento de los hechos ni tomarse declaración, «pone en cuestión la legalidad y legitimidad de las sanciones». ASAJA, COAG y UPA anuncian que trabajan para recurrir estas denuncias dentro del plazo establecido. «Nuestra intención no era dañar a nadie ni causar ningún destrozo, únicamente queríamos ser escuchados por las administraciones», afirman.