El vecino de Guijuelo de iniciales M.C.G. que el pasado 10 de diciembre se sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial de Salamanca como presunto autor de un delito de distribución y facilitación de difusión de pornografía infantil ha sido finalmente condenado a una pena de cinco años y medio de cárcel.
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El hombre fue sorprendido con un “ingente número” de vídeos, muchos de “especial crudeza”, y pese a que en el juicio alegó que desconocía que el programa de descargas que utilizaba facilitaba a su vez archivos a terceros, según la sentencia a la que ha tenido acceso LA GACETA, el alto tribunal salmantino entiende que pese a que el acusado no tiene estudios ni títulos de informática “sí tiene conocimientos en la materia que ha ido adquiriendo con el tiempo como consecuencia del uso habitual y continuo tanto de equipos informáticos como de los programas de intercambio de archivos”. Además, los magistrados incluyen en su argumentación la elevada cantidad de archivos que tenía el varón, que empleaba términos de búsqueda con nombres alusivos a la pornografía infantil y que había archivado el material en diversas carpetas creadas por él en los discos duros, clasificando algunos de los archivos pornográficos descargados.
Así, como hechos probados la sentencia recoge que en el marco de las denominadas operaciones Cíclope y Torrix se detectó un delito de prostitución y corrupción de menores mediante la descarga e intercambio de archivos de pornografía infantil a través de diversas conexiones IP que llevaron a agentes de la Policía Nacional a dar con la vivienda del acusado, ubicada en Guijuelo. En el registro los agentes encontraron en un ordenador y diversos discos duros un total de 7.529 archivos de pornografía infantil, 91 de ellos de “especial crudeza” al aparecer imágenes de abusos sexuales graves a menores de muy corta edad (entre uno y cinco años), niños atados o amordazados, y otros incluso realizando actos sexuales con animales.
Por ello, además de los cinco años y medio de cárcel, la Audiencia Provincial de Salamanca condena a M.C.G. a la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante diez años y el pago de las costas del procedimiento. Se le impone, asimismo, la medida de libertad vigilada durante seis años, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad y cuyo contenido será objeto de ulterior determinación. Contra la sentencia cabe recurso de apelación.
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