Sábado, 9 de julio 2022, 00:01
Un conocido empresario salmantino dedicado a la actividad ecuestre se sentará este martes en el banco de acusados del Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca por destrozar una finca rústica, con viviendas rurales e instalaciones deportivas, como revancha por haber sido desahuciado por impago de las rentas.
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El fiscal y la acusación particular le acusan de un delito de daños y mientras que el primero le pide 9.000 euros de multa y 15.069 euros de indemnización, el segundo solicita que se le impongan tres años de prisión, 9.000 euros de multa y 38.233,49 euros de indemnización.
Según relata el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso LA GACETA, el acusado tenía en arrendamiento una finca rústica, con todas sus instalaciones, radicada en Ciudad Rodrigo, conforme al contrato de arrendamiento suscrito en el mes de septiembre de 2017 entre él, como arrendatario, y la arrendadora.
La finca integraba varias construcciones formadas por cuadras, plazas de toros, baños, cocinas, salones, merenderos perreras, fuentes ornamentales así como dependencias de variada índole.
Debido a los desencuentros entre la arrendadora y el arrendatario y al impago por parte de este de las rentas, se procedió, tras el correspondiente procedimiento de desahucio, al lanzamiento del acusado de la finca en el mes de noviembre de 2020. Se descubrió entonces, señala la Fiscalía, que el acusado había causado intencionadamente considerables destrozos en las instalaciones de la finca. Aparte de la suciedad, era patente el abandono y la falta de mantenimiento, tanto en las edificaciones como en las instalaciones y el mobiliario.
El acusado, precisa el fiscal, se había dedicado a arrancar instalaciones eléctricas y de fontanería, así como a destrozar puertas, armarios y otros muebles, por lo que la propietaria de la finca tuvo que acometer cuantiosas y urgentes obras de conservación y reposición de los destrozos, presupuestados en 15.069 euros.
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No satisfecho el acusado con dejar impagada la cantidad de 17.231 euros en concepto de rentas vencidas e impagadas, como respuesta y “vandálica venganza al lanzamiento que hubo de ser objeto”, señala por su parte la acusación particular, antes de abandonar los inmuebles objeto de arrendamiento procedió a “romper, destrozar y desgarrar intencionadamente todo lo que se encontraba a su paso, respecto de muebles, instalaciones, puertas, sanitarios, electrodomésticos, etcétera”.
Cuando le entregaron las llaves a la arrendadora y pudo al fin acceder a sus instalaciones, se encontró “un panorama dantesco y desolador, fruto de la ira incontrolada del acusado”, añade, lo que ha supuesto cuantiosos daños y perjuicios para la perjudicada, “su economía, su propia estabilidad y sosiego personal y familiar”.
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Posiblemente el peor de los efectos, concluye, es que la arrendadora no puede hacer frente a los gastos y costes que suponen la hipoteca que graba la finca e inmuebles objeto de arrendamiento, hasta el extremo de verse obligada a solicitar ante la entidad bancaria moratoria legal y sectorial, ante la imposibilidad de hacer frente a varias cuotas mensuales y ocasionar un descubierto, asegura en su calificación provisional la acusación particular.
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