Domingo, 23 de octubre 2022, 22:47
Si bien los empleados públicos de la Administración General del Estado cobrarán en noviembre “la compensación salarial adicional del 1,5% para mitigar el impacto de la inflación”, el Real Decreto publicado el pasado miércoles no garantiza que la reciban este año los trabajadores de las entidades locales y comunidades autónomas. Sin embargo, el Ayuntamiento y la Diputación de Salamanca, así como la Junta de Castilla y León, han confirmado a LA GACETA que, aunque se les permita retrasarla hasta el 31 de marzo, abonarán a sus trabajadores esta “paguilla” extra antes del 1 de enero.
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El acuerdo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez firmó con los sindicatos UGT y CCOO, sin informar ni consultar previamente al resto de administraciones públicas, recoge un incremento salarial para todos los empleados públicos del 3,5% para 2022. Ya se aplicó un 2% el 1 de enero, y ahora los funcionarios públicos deben recibir una “paguilla” extra que equivale al incremento retroactivo del 1,5% desde principios de año. Esta compensación supone un gasto en personal no previsto en los presupuestos de este año de las entidades locales y comunidades autónomas. Precisamente los desajustes en las cuentas que provoca a muchas de ellas motivó las quejas de las administraciones gobernadas por el Partido Popular. Ante ello, el Ministerio de Hacienda y Función Pública les ha dado tres meses más de margen. En el BOE del pasado 19 de octubre, publicó el Real Decreto que establece finalmente que “en el ámbito de las comunidades autónomas y entidades locales se tendrá que materializar el pago antes del 31 de diciembre de 2022 y, en todo caso, con anterioridad al 31 de marzo de 2023”. Es decir, no necesariamente este año.
Pese a este aumento de plazo, fuentes de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, con Jesús Julio Carnero al frente, aseguran que, salvo graves imprevistos, la intención del Gobierno autonómico es “pagarla este año” y, de hecho, ya se está trabajando en calcular la compensación que le corresponde a cada empleado. El mismo compromiso asume la Diputación de Salamanca. Desde el Ejecutivo de La Salina, que preside Javier Iglesias, han confirmado que las arcas provinciales cuentan con crédito suficiente para poder abonar antes de fin de año la “paguilla” a los cerca de 900 trabajadores que integran su plantilla.
También el concejal de Hacienda del Consistorio charro, Fernando Rodríguez, insiste en que, “afortunadamente y gracias al famoso superávit que tanto critica la oposición”, el Ayuntamiento puede hacer frente a este gasto imprevisto y abonarlo a los más de mil empleados municipales este mismo año. “El departamento de Recursos Humanos ya estaba en alerta. Vamos a intentar pagarlo en la nómina de noviembre. Pero, de no llegar a tiempo, siempre será antes del 31 de diciembre”, insiste el edil popular del Gobierno de Carlos García Carbayo, que en principio cree que podría llegar a cubrir este gasto imprevisto recurriendo solo a “sobrantes” del capítulo presupuestario de personal.
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