Viernes, 30 de diciembre 2022, 08:57
A partir del domingo, 1 de enero, los salmantinos pagarán un peaje mayor cada vez quieran acudir a Madrid. El Gobierno de Sánchez ha puesto un tope del 4 por ciento en el precio del tramo entre la localidad madrileña de Villalba y Ávila ... lo que supone una media de 40 céntimos en la tarifa normal, que pasaría a rozar los 12 euros.
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El precio por kilómetro que tienen que asumir los usuarios de esta vía es el séptimo más elevado de las 35 que hay en todo el territorio nacional con una media de 0,18 euros, por detrás de cinco tramos que transcurren por la comunidad autónoma de Cataluña y otra en Málaga.
Actualmente, para un vehículo ligero el precio del tramo entre Villaba y Ávila es de 9,50 euros en la tarifa valle, 11,05 en la normal y 13,35 en la punta. A partir de hora la concesionaria tendrá que determinar si aplica ese tope del 4 por ciento que fija el Ejecutivo de Sánchez o se decanta por un porcentaje de incremento inferior.
Todo esto se produce a pesar de que esta autopista ya ha sido amortizada con creces desde su construcción en 1963. Los salmantinos tienen claro que para viajar a Madrid y evitarse el puerto de Guadarrama deberán seguir pagando hasta 2029 por circular por la AP-6. En 2020, y pese a que el Gobierno tenía la posibilidad de que la concesión terminara en 2025, Moncloa decidió mantener el peaje en la autopista a Madrid hasta 2029, para sorpresa de conductores y empresas. Todo el mundo esperaba que el Ejecutivo de Sánchez optara por la fecha más cercana, a la vista de lo sucedido con otras autopistas, que han dejado de ser de pago tras la decisión del Gobierno de la nación de no sacar a concurso de nuevo la concesión.
Hay que recordar que, aunque en un principio la concesión terminaba en 2018, en 1999 el Gobierno de José María Aznar la prolongó a cambio de una serie de mejoras y la construcción de los ramales hasta Ávila (AP-51) y Segovia (AP-61), como mínimo hasta 2032 y como máximo hasta 2036 en función del tráfico que registrara. Sin embargo, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligó al Estado a reducir en siete años la concesión, por lo que podía terminar entre 2025 y 2029. La decisión definitiva sobre el fin de la concesión fue adoptada en abril de 2020, en pleno confinamiento domiciliario. El Gobierno de Sánchez finalmente fijó como fecha para el fin el 19 de noviembre de 2029, cuando se cumplirán los 30 años de la concesión.
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La decisión de Moncloa llamó aún más la atención en comparación con las medidas que había adoptado previamente respecto a otras autopistas del resto del país, principalmente en las comunidades del norte de España, que han coincidido con la constante cesión de privilegios de los distintos gobiernos a Cataluña y al País Vasco. En noviembre de 2018 pasaron a manos públicas la AP-1, situada entre Burgos y el municipio alavés de Armiñón, paso obligado para los conductores salmantinos que se dirigen al País Vasco, Navarra y Francia. Además de esta carretera, hubo otras dos en las que se quitaron los peajes en 2019. Se trata de la AP-7 entre Alicante y Tarragona y la AP-4 entre Cádiz y Sevilla. La medida también se aplicó en las que la concesión cumple en 2021: dos tramos más de la AP-7 y la AP-2 de Tarragona a la frontera con Francia.
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