Sólo 87 de las 6.526 multas impuestas en el estado de alarma acabaron en sanción

Ha sido el propio Gobierno de España quien, en una respuesta parlamentaria a petición de la diputada “popular” Ana Vázquez, ha dado a conocer el informe por provincias que confirma que en Salamanca sólo fueron 87 los “expedientes finalizados con resolución sancionadora o con pago anticipado previo durante el estado de alarma por infringir las prohibiciones dictadas”. En España, sucede lo mismo: de las 1.142.127 sanciones que interpusieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tan solo 7.408 finalizaron con un expediente de sanción para los infractores del real decreto, lo que supone un 0,64%.

En estos procesos sancionadores, primero es el agente el que tras registrar la infracción y poner la denuncia, acude después a su unidad para introducir la propuesta de sanción en el sistema informático, realizar el acta y enviarlo a la Subdelegación del Gobierno. Un trabajo que le lleva algo más de media hora por cada sanción. A continuación, son los funcionarios de la Subdelegación del Gobierno, en este caso de Salamanca, los que tienen el cometido de gestionar cada expediente sancionador del primer estado de alarma, emitir la resolución y comunicarlo.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno justifican a este periódico que “el cuello de botella estaba claramente en la capacidad de tramitar las sanciones dado el número de funcionarios que hay” y agrega que “aún se siguen notificando sanciones”, pero que “tiene un proceso que lleva su tiempo para garantizar la seguridad jurídica”. Asimismo, insisten en que “a día de hoy se han notificado algo más de 2.000 sanciones” del primer estado de alarma, lo que supone sólo un 30% once meses después.

Desde la Subdelegación explican que se encargan de tramitar las multas sólo del primer estado de alarma de marzo a junio, porque desde mediados de junio esta tarea ya ha pasado a “la Junta o ayuntamientos”. Desde Subdelegación aseguran además que las 87 sanciones finalizadas del estado de alarma del informe del Gobierno son datos del pasado mes de octubre y que, por entonces, “el resto (las 6.439) estarían con alegaciones”, justifica.

Sindicatos como la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) han expresado su “perplejidad” porque “cientos de horas de esfuerzo y sacrificio de guardias civiles y policías nacionales y locales, bajo condiciones de riesgo extremo de contagios y en no pocas ocasiones expuestos a reacciones airadas, han quedado de momento sin repercusión real sobre los infractores”.

AUGC pregunta ahora al Ministerio del Interior “si este porcentaje tan bajo de sanciones materializadas se debe a un retraso por la gran acumulación de expedientes en un periodo tan corto o si, por el contrario, responde a otras cuestiones que, en este caso, deberían explicarse tanto a los trabajadores de la seguridad pública como a los propios ciudadanos”.

“Esto demuestra que el estado de alarma ha sido una tomadura de pelo y que se ha tirado nuestro trabajo por los suelos. Además, supone un mensaje para los ciudadanos de que saltarse la norma no tiene consecuencias y que es un estado de alarma de cachondeo”, se quejan agentes en Salamanca.