Viernes, 14 de abril 2023, 00:55
“La Iglesia pide perdón y quiere poner todos los medios para que esto no vuelva a ocurrir”. El obispo de la Diócesis de Salamanca, José Luis Retana, ha insistido desde su toma de posesión en la necesidad de “transparencia”, “acompañamiento” y “prevención” tanto para los casos de abusos a menores y personas vulnerables ya producidos, como para prevenir que no vuelvan a suceder.
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Con esa intención, el Obispado ha aprobado por decreto su primer protocolo de prevención y actuación, así como un código de buenas prácticas y una guía para actuar de forma adecuada con la víctima ante la sospecha del conocimiento de un caso. El prelado ha ordenado que el protocolo se envíe a todas las parroquias, delegaciones y servicios dependientes de la Diócesis, así como en todas las actividades pastorales que impliquen el trato con menores y adultos vulnerables. El documento, firmado por el prelado el pasado 30 de marzo, sigue las indicaciones de la Carta Apostólica ‘Vos estis Lux Mundi’ (Vosotros sois la luz del mundo) redactada por el Papa Francisco y del protocolo marco de la Conferencia Episcopal Española.
En primer lugar, el protocolo establece la obligatoriedad de solicitar a quien vaya a ser contratado (profesores, monitores, entrenadores, etc...) un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, tal y como ya se establecía en la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Junto a esta medida, cualquier persona vinculada a la Diócesis, ya sea religioso o seglar, deberá firmar un documento de responsabilidad personal que expresamente contenga su rechazo personal a cualquier tipo de abuso. Del mismo modo, se solicitará a todas las personas un compromiso de participar en talleres de formación programados por la Diócesis sobre los abusos y sus consecuencias, así como una labor de concienciación sobre la maldad de estas actuaciones que abarque a todos los ámbitos.
El protocolo además establece medidas de cumplimiento obligatorio para la prevención de los casos de abusos a menores. La primera de ellas es la prohibición de mantener encuentros presenciales o comunicaciones con los menores (correo electrónico, teléfono móvil o redes sociales ajenas a las oficiales de la Diócesis) fuera del contexto educativo pastoral. En la misma línea, se señala que “se respetará la integridad física del menor permitiéndole rechazar cualquier muestra de afecto incluso bienintencionada”.
El documento refleja de forma expresa que las muestras de afecto deben ser en hombros, cabeza y brazos y “no se tocarán jamás zonas íntimas o erógenas como muslos, nalgas, senos o genitales”.
Este código de buenas prácticas también precisa que debe de evitarse “quedarse a solas con un menor”, si no existe una causa absolutamente justificada. En caso de que se produjera, el protocolo recoge que debe ser un lugar visible para los demás y siempre dejando la puerta abierta cuando la conversación se produzca en un despacho o dependencia interior. Además, deberá comunicarse a los padres esta circunstancia.
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Se establece que en el caso de las convivencias o campamentos en los que sea necesario pernoctar, se necesitará la autorización expresa de los padres y se asegurará el número suficiente de acompañantes y diferenciación de los alojamientos por sexo. “Nunca un adulto debe compartir habitaciones con los menores”, recuerda el documento que recomienda que haya padres que asistan a estas actividades. En la misma línea se evitará tomar imágenes de los menores y, en caso de que sea necesario, se pedirá la autorización expresa de los padres para la actividad pastoral.
A la hora de actuar ante un caso de abuso, se señala que se cumplirá en todo caso la normativa vigente, tanto civil, como canónica, siempre que se tengan “sospechas fundamentadas” o noticia verosímil de un posible caso de abuso. Al margen del proceso interno, en caso de existir procedimiento en la jurisdicción estatal porque no haya prescrito, se informará de forma inmediata al Ministerio Fiscal del Estado y se colaborará con las autoridades civiles. “La supresión del secreto pontificio facilita esta colaboración leal entre ambas jurisdicciones estatal y canónica”. Hay que recordar que el Papa Francisco lo abolió en 2019 en casos de violencia sexual y abuso de menores cometidos por clérigos, y también decidió cambiar la ley sobre el delito de pornografía infantil.
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