Sábado, 6 de mayo 2023, 23:00
Una subida superior al 3% del aumento del IPC en cinco años o que los hogares destinen más de un 30% de su renta media al pago del alquiler. Son las dos razones que, conforme a la nueva Ley y sin ... necesidad de que se cumplan ambas, abren la puerta a que la administración autonómica pueda declarar una zona de mercado residencial tensionado. Conforme a un estudio publicado este mes por un destacado portal inmobiliario y una plataforma de ofertas de empleo, de media los inquilinos en viviendas de la provincia de Salamanca destinaron en 2022 un 36% de su sueldo bruto a pagar el alquiler, tres puntos más que el año anterior.
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En la misma línea, el último informe de Atlas Real State de este mes de abril resalta zonas de mercado tensionado conforme a la nueva Ley de Vivienda no solo en la capital del Tormes, sino también en el entorno de Béjar y al oeste de la provincia. En la misma línea, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística muestran subidas de los alquileres en la ciudad entre 2015 y 2020 del 6%, que en los dos últimos años se habrían elevado mucho más —un 10% según las inmobiliarias—; y en el resto de la provincia la variación media rondaría el 7%. Todos estos datos apuntan a que, si la Junta de Castilla y León quisiese podría declarar zonas tensionadas en la provincia de Salamanca e intervenir el mercado.
En las zonas tensionadas, se permite con carácter excepcional topar todos los alquileres hasta que las administraciones públicas logren solventar el déficit de oferta. Solo se permiten ligeros incrementos por obras de rehabilitación energética o mejoras en la vivienda o en contratos por más de diez años. Por otra parte, en estas áreas se ofrece a los inquilinos la posibilidad de que puedan acogerse a la finalización del contrato a una prórroga extraordinaria, de carácter anual, y por un periodo máximo de tres años, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor.
Pero la Junta de Castilla y León no tiene en sus planes declarar zonas tensionadas en la Comunidad. El portavoz del Gobierno regional, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que “lo que hay que hacer es trabajar para evitar esas tensiones”. “Creemos que una ley que lo que hace es retirar viviendas del mercado, dificultar que exista una oferta de viviendas de alquiler, acaba subiendo los precios”, remarcó. “Nuestra idea no es tanto el trabajar fijando zonas tensionadas sobre las cuales retirar vivienda y subir precios; sino todo lo contrario, evitando tensiones para que haya una oferta razonable, para que se cree empleo y para que los jóvenes puedan acceder en Castilla y León a un vivienda en mejores condiciones que en el conjunto nacional, como ocurre en la actualidad”, apuntó el también consejero de Hacienda.
Dejó muy claro que la Junta de Castilla y León va a cumplir la nueva ley “en la parte que nos corresponde”. “Las cuestiones que sean obligatorias las cumpliremos y las que sean potestativas antepondremos siempre el interés general de las personas de Castilla y León”, precisó dejando claro que el Ejecutivo regional no apuesta por este sistema de control.
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