Retrasos de 14 meses para acabar denegando el Ingreso Mínimo Vital

A Gonzalo Ramos cada vez que escucha las palabras “escudo social” se le forma un nudo en la garganta. “Es una frase hecha que no te permite rehacer tu vida”. Residente en el centro de acogida Padre Damián tras pasar por Espacio Abierto, los dos espacios de acogida de Cáritas, puso voz ayer a la realidad de las decenas de personas sin hogar que se han sumado a la campaña en la que se denuncia que el sistema de protección actual no funciona y los sintecho se encuentran “sin salida”.

Ramos recuerda que estar en la calle “es un verdadero infierno” del que es difícil salir “sin ayudas”. “Tu autoestima está por los suelos y cuando por fin quieres reaccionar con tus batallas internas te encuentras que la administración no te ayuda”, se queja amargamente. El director de la casa de acogida ‘Padre Damián, Alfonso García, pone un ejemplo para reflejar las dificultades para salir del círculo vicioso de la pobreza y que no ha solucionado el Ingreso Mínimo Vital. “Una persona del centro ha estado esperando 14 meses que le resolvieran la solicitud del Ingreso Mínimo Vital. Tras todo ese tiempo, le comunican que no se lo dan y es una persona que está con nosotros porque no tiene recursos”. Esta situación ya está afectando a la estancia media de las personas en el centro de acogida: si en 2020 eran 90 días en 2021 ha subido hasta los 105. “Nosotros tratamos de que cuando salgan del centro tengan la suficiente autonomía, pero sin ayudas, los problemas en el empleo y las restricciones de la covid a lo largo de este año se ha incrementado progresivamente”, detalla el responsable del centro de acogida.

Por este centro han pasado durante este año 128 ingresos y 78 personas diferentes acogidas, de las que el 82% fueron hombres. En cuanto a ‘Espacio Abierto’, centro diurno que abre los 365 días del año para dar alimentación e higiene a las personas sin recursos, se atendió a 360 personas, con una media diaria de 36, y de las que 157 acudían por primera vez. En este aspecto, el responsable de este recurso, David Martín del Molino, detalló que la asistencia se ha reducido un 12% respecto al mismo periodo de 2020 debido a la reducción de la movilidad geográfica por las restricciones y al aumento del empleo y las ayudas económicas con el regreso de la actividad.

Desde Cáritas se ha hecho un llamamiento a que las administraciones integren mecanismos de protección que sean reales y efectivos: facilitar el acceso al derecho a la protección social en los procesos administrativos, garantizar el acceso y disfrute del derecho a la justicia en el caso de la vulneración de derechos; así como desarrollar medidas de carácter preventivo y no meramente asistenciales. “No se debe limitar a facilitar el acceso a prestaciones económicas, sino ser una verdadera herramienta de cambio y mejora de la vida de las personas incluyendo medidas de acompañamiento social a corto, medio y largo plazo”, detalló Alfonso García. Por último, también pidieron un compromiso de la ciudadanía para mostrar “empatía” hacia las relaciones de exclusión.

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