Lunes, 22 de agosto 2022, 00:15
Solo reivindicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez y a Renfe para lograr la reposición de los servicios suspendidos al comenzar la pandemia y que aún no se han repuesto. El Ayuntamiento hasta ha constituido una plataforma para presionar al Ejecutivo central, pero, por el contrario, no aporta ni un euro que contribuya a la recuperación de la cuarta frecuencia del Alvia o la quinta que se reclamaba justo antes de la llegada de la covid.
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¿Por qué el Consistorio de Salamanca o la Junta de Castilla y León no subvencionan más trenes rápidos que conecten la ciudad con Madrid? Ciertamente la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario permite, “a efectos de financiar el coste del servicio” que el Ministerio de Transportes suscriba “convenios con las comunidades autónomas y las entidades locales”, según recoge el artículo 59. Según fuentes del Gobierno municipal, el Ejecutivo de Carlos García Carbayo ni se plantea hacer frente al coste que supondría aumentar las frecuencias de Alvia. Señalan que, al margen de que la administración no dispone ni de la infraestructura ni de los recursos para hacerlo, la inversión necesaria posiblemente hipotecaría los presupuestos de la administración local para hacer frente a un servicio que es competencia del Estado.
Conllevaría, señalan, hacer pagar a los salmantinos dos veces por el mismo servicio y destinar gran parte de la inversión municipal a costear trenes que ya se habían conseguido para la provincia antes de la covid, pero que ahora Renfe no tiene prisa por devolverle. Por otra parte, la posibilidad de firmar un convenio que articule algún tipo de colaboración no parece muy factible ya que las relaciones de la administración municipal y Transportes no son nada fluidas. El Ministerio ni siquiera ha respondido a las últimas cartas que le ha remitido el alcalde.
En cualquier caso, el Consistorio no podría subvencionar frecuencias de Alvia. Tras consultar por esta posibilidad a Renfe, fuentes de la compañía insisten en que no es posible ya que el tren rápido entre la ciudad del Tormes y la capital de España es un servicio comercial sobre el que Renfe, no el Ministerio, decide en función de la oferta y la demanda, y que solo se pueden financiar con los ingresos de los billetes. Para poder sufragar parte de los costes de una frecuencia el Alvia Salamanca-Madrid debería ser previamente declarado, como recoge el artículo 25, obligación de servicio público, algo que ni el Gobierno de Pedro Sánchez ni tampoco el Mariano Rajoy aprobaron. Hacerlo supondría que, con independencia del número de viajeros y de que pudiese llegar a resultar deficitaria, la compañía ferroviaria estaría obligada a ofrecer los servicios necesarios para garantizar la movilidad. Conforme a ello, el Ayuntamiento sí podría actualmente, previo acuerdo con el Ministerio de Transportes, financiar frecuencias del Media Distancia que pasa por Ávila, un tren que, si bien da servicio a municipios pequeños que se encuentran en esta ruta, no resulta nada competitivo para comunicar Salamanca con la capital de España, ya que tarda una media de tres horas en realizar el recorrido completo.
A pesar de que inicialmente el Gobierno de Mariano Rajoy descartó declarar el tren rápido Salamanca-Madrid entre las obligaciones de servicio público (OSP), en el último momento el exministro de Fomento Íñigo de la Serna, a petición de los parlamentarios nacionales del PP, lo incluyo en el acuerdo de diciembre de 2017, aún vigente. Esta línea figura en el anexo destinado a la alta velocidad Media Distancia (Avant) prestada en la red de altas prestaciones, pero con un importante matiz: “Solo se declaran sujetos a obligaciones de servicio público los servicios prestados a viajeros recurrentes mediante la utilización de títulos multiviaje”. Además, “la recurrencia mínima que deben tener estos títulos es de 10 viajes en un plazo máximo de 45 días”, añade. Es decir, al final Renfe solo está obligada a garantizar una serie de asientos para los usuarios habituales con algún tipo de abono. Y esos billetes son precisamente los que otras administraciones, como el Ayuntamiento y la Junta, podrían subvencionar a día de hoy, pero no sufragar la puesta en marcha de nuevas frecuencias. De hecho, el Gobierno autonómico se comprometió el pasado mandato a aplicar descuentos en los bonos para los viajeros recurrentes entre las ciudades de Castilla y León y Madrid. Sin embargo, el compromiso quedó en el aire con la convocatoria electoral. Ahora, los diputados del PP han preguntado en el Congreso si Sánchez tiene previsto ampliar las OSP e incluir entre ellas el Alvia y, si no lo va a hacer, con qué criterios rechaza esa opción.
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