Jueves, 19 de enero 2023, 13:02
Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, (Belmonte de Miranda, Asturias, 20 de marzo de 1956) saca pecho de las negociaciones que han derivado en la subida del Salario Mínimo y de las pensiones.
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¿Cómo están las negociaciones para la subida del Salario Mínimo?
—Pues no hay ninguna fecha marcada para reunirse con el Gobierno, pero tampoco hace falta que la hubiera. El Gobierno está obligado a escuchar a las organizaciones sindicales y empresariales. Nosotros ya hemos dado nuestros argumentos y lo que es sorprendente es que a día de hoy no se haya aprobado. Creo que el Gobierno tiene que aprobar el salario Mínimo Interprofesional si quiere ser coherente con lo que dice, porque no se puede estar cada día diciendo que en España se tienen que subir los salarios, que hay que apoyar a las personas que tienen menos, que los dividendos empresariales son tremendos y hay que repartirlos, y realmente no hacer nada. No puede decir una cosa por la mañana y hacer la contraria por la tarde.
¿No se queda corta la subida salarial de este año?
—Se queda cortísima. Podríamos decir que es una subida de salarios absolutamente ridícula, principalmente porque mientras los salarios se comportan así los beneficios empresariales están teniendo una subida absolutamente desproporcionada. Esto es en buena medida lo que está provocando que la inflación esté disparada, porque al final los empresarios lo que hacen es subir los precios y mientras tanto los salarios están en una situación lamentable. Todo esto es en general, en particular sí se puede decir que los sectores en los que las organizaciones empresariales tenemos fuerza los salarios están subiendo y lo están haciendo acorde al coste de la vida.
Con la subida de los precios y la situación energética, ¿qué tiene que pasar para que se convoque una huelga?
—En realidad hay sectores en los que se han firmado convenios en buenas condiciones, principalmente en el último semestre. Es cierto que en aquellos sectores con debilidad sindical o no se han firmado acuerdos o han sido insatisfactorios. No tiene sentido convocar una huelga general, porque las huelgas hay que convocarlas allí donde no se firman acuerdos colectivos. Lo que sí tenemos que hacer las organizaciones sindicales, y ya lo estamos haciendo, es movilizarnos allá donde haya convenios colectivos que estén atascados. En el año 2023, si la CEOE no se sienta a negociar, será un hecho que pasará.
La hostelería y la construcción se quejan de que no encuentran trabajadores, ¿qué ocurre?
—Ocurren dos cosas fundamentalmente. Las personas que están en el desempleo son un número al que nadie llama, al que nadie orienta, al que nadie forma y al que no le llegan las ofertas de trabajo que hacen las empresas, que por cierto son muchas menos de las que dicen. Las oficinas de empleo tienen que tomar cartas en el asunto y formar y orientar a estas personas y dirigirlas a aquellos sectores que necesitan mano de obra. Por otro lado, las empresas tienen que ser conscientes de que con los salarios de mierda que pagan hay a muchos trabajadores a los que no les sale a cuenta ir a trabajar, sobre todo si tienen que desplazarse.
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También hay personas que con los subsidios que cobran no quieren trabajar.
—Yo no creo que eso esté pasando, y si llega a pasar es porque el sistema no funciona. Cualquier persona que esté cobrando un subsidio de desempleo o esté recibiendo una ayuda social y rechace una oferta de trabajo pierde esa percepción económica, por lo tanto si pasa esto es porque el sistema no funciona. Lo que no tiene sentido es saltarnos esta situación gravísima con tres millones de desempleados e ir a contratar en origen y mientras tanto que gente que no tiene papeles en nuestro país no pueda trabajar. Parece más razonable contratar a los que ya están aquí que ir a buscarlos fuera.
Fue muy crítico con la reforma laboral hace años, ¿por qué ya no hay tanto ruido para derogarla?
—Yo creo que de la reforma laboral hemos cambiado aspectos sustanciales. El mercado labora de hoy se parece muy poquito al de hace un año. Siete millones de trabajadores que antes tenían un contrato temporal ahora lo tienen indefinido.
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¿Y fijos discontinuos?
—Pues solo son 500.000 de los siete millones . La gente se piensa que son muchos más.
Con respecto a las pensiones, ¿hay peligro de que se vacíe la hucha?
—Que las pensiones se adapten al IPC es un avance extraordinariamente positivo. Estamos hablando de que hay pensiones que hace tres o cuatro años cobraban de subida cuatro, cinco o diez euros al mes y esta año van a tener más de 100 euros de incremento. Eso creo que es un cambio significativo, ya que sin la reforma en lugar de subir ese 8,5 por ciento subirían el 0,25. Además en la negociación se han empezado a solventar los problemas de equilibrio que tenía la propia Seguridad Social y ahora en la segunda parte de la negociación se va a conseguir un destope de las pensiones de tal manera que se cotice más por lo que se cobra y no hasta ahora con un máximo de 50.000 euros. Con esto creo que está asegurado el futuro de las pensiones al menos hasta 2050.
Este año el 1 de Mayo en campaña electoral, ¿qué tendrá de especial para UGT?
—Me parece que va a ser un Primero de Mayo extraordinariamente interesante. Lo que quiero es que los partidos políticos se mojen y sepamos con qué programa se presentan a las elecciones si realmente los ayuntamientos van a empezar a hablar de vivienda, que es una de sus obligaciones y estamos lejísimos de que puedan garantizar una vivienda pública o protegida a los trabajadores. Habrá que ver qué dicen los políticos con respecto a la accesibilidad, de las barreras arquitectónicas que existen en muchos ayuntamientos del país o de los propios servicios de empleo de las comunidades autónomas que los están gestionando de manera desastrosa porque ni tienen medios ni ponen recursos. Esos debates tienen mucho interés de cara al 1 de Mayo.
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Aquí en Castilla y León le han metido la tijera a las ayudas a los sindicatos...
—El señor García-Gallardo tiene una verborrea mental gracias a la que miente más que habla, suma churras con merinas y algunas veces no sabe ni de qué habla. En realidad, en Castilla y León, las subvenciones para que los sindicatos puedan gastar libremente son escasas. Lo que ellos califican de subvenciones son convenios a través de los que la Comunidad autónoma delega una parte de sus obligaciones en las organizaciones sindicales y empresariales y paga lo que cuesta dar ese servicio a los ciudadanos. Estamos hablando de formación profesional u orientación, y si la Junta no da esos fondos al final lo que pasa es que hay menos recursos para los parados. Cada vez que se le quita una subvención a un sindicato se le están quitando derechos a los trabajadores, de ahí que el recurso populista e indigno de la extrema derecha en Castilla y León no vaya a ningún lado.
Pues puede ser que se tenga que sentar a negociar con ellos si Abascal entra en el Gobierno.
—Vox tiene animadversión a todo lo que sean derechos de las personas, y no hay mejor manera para acabar con los derechos que matar a los generadores de esos derechos, por eso tiene ese odio a las organizaciones sindicales, pero de verdad que no me lo imagino en el Gobierno.
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