Martes, 16 de agosto 2022, 19:10
En la celebración de la Capitalidad Cultural Europea, en 2002, no iba a quedar en el casco histórico de Salamanca ningún rótulo de plástico, ni de acero inoxidable ni de color aluminio, ni mucho menos grandes carteles publicitarios. Tampoco, banderolas ni expositores colgados en las fachadas de las calles turísticas.
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Una normativa sobre tratamiento estético de bajos comerciales aprobada por el Ayuntamiento en 1999 iba a poner orden en el “zoco” en el que, como lo calificaba la oposición, se había convertido el centro de la ciudad. Veinte años después y tras múltiples promesas —casi una por legislatura— de que se aprobaría una ordenanza que atajase el impacto negativo del caos de cartelería y anuncios, poco ha cambiado.
Sin embargo, sobre la mesa de los grupos políticos municipales está ya un nuevo texto normativo, basado en las prescripciones que ya establece el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) pero que se incumplen en la mayoría de las calles incluidas en el área en el Plan de Gestión de la Ciudad Vieja —delimitada por el Tormes, San Vicente, Carmelitas, Mirat y Canalejas—.
Fija sanciones que van desde 300 hasta 10.000 euros para quienes instalen rótulos, banderolas, publicidad, placas profesionales, pantallas publicitarias o elementos de iluminación que la incumplan, o no adapten los que ya tienen a los criterios de ubicación, tamaño, material o tramitación que se comenzarán a exigir.
El edil de Fomento y Patrimonio, Fernando Carabias, ha remitido a todos sus grupos políticos del Consistorio el borrador de la futura ordenanza de condiciones técnicas y urbanísticas de instalación de elementos de publicidad e iluminación de actividades, con el objetivo de que la vayan estudiando y preparen sus propuestas. Una normativa que no solo afectará al casco histórico, sino que también establece restricciones a los rótulos de toda la ciudad. Conforme a un acuerdo plenario del pasado septiembre, el compromiso del Gobierno de Carlos García Carbayo es que se apruebe definitivamente antes de que acabe este año.
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Más dudas caben sobre el tiempo que se dará a los negocios de la ciudad para adaptarse a ella, ya que sus efectos son retroactivos. Si bien en el borrador se establece un plazo de seis meses para que los rótulos de la zona centro cumplan la norma, y a los del resto de la ciudad se les da un año, la moción acordada con todos los grupos municipales dilata hasta 2027 su total entrada en vigor.
“Otorgándose con estos cinco años un amplio plazo para que los servicios municipales pueda hacer la correspondiente revisión de todo lo existente”, especifica insistiendo en que durante ese periodo transitorio la administración local ofrecerá bonificaciones fiscales a quienes adapten “con prontitud” sus rótulos a la nueva normativa.
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Precisamente el periodo de adaptación que se dará a los vecinos ha sido durante las últimas dos décadas el principal freno a esta norma, ya que exige inversiones a numerosos negocios. De hecho,ya existía un primer borrador en 2019pero con la pandemia y el inicio de la crisis se aparcó.
Denuncias
El texto elaborado por los técnicos municipales recoge que “cualquier personal natural o jurídica estará legitimada para denunciar ante el Ayuntamiento la existencia de cualquier elemento decorativo, publicitario, identificativo o de iluminación que pueda contravenir las prescripciones” de la ordenanza.
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Cableado
El Ayuntamiento deja claro que en ningún caso podrá quedar visible el cableado de los rótulos luminosos que se instalen en el centro.
Focos en monumentos
Los comercios ubicados en monumentos y edificios catalogados no podrán iluminar sus fachadas ni escaparates mediante focos exteriores.
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