Miércoles, 2 de noviembre 2022, 17:53
El Hospital de Salamanca sigue sin tener listo el módulo penitenciario de Topas que se ha venido negociando durante ocho años, pero que no termina de salir adelante porque Instituciones Penitenciarias ‘cortó’ la comunicación con la Junta en el mes de mayo y no ha vuelto a tratar el tema.
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El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha decidido saltarse a todos los intermediarios que le ignoran de forma sistemática y ha escrito directamente a Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, para hacerle saber -en el caso de que lo desconozca- que hace casi medio año que Instituciones Penitenciarias no responde ni autoriza los pasos necesarios para completar esta instalación.
Vázquez confía en el que el Ministro de Interior asuma la responsabilidad y se pueda desbloquear este problema que está causando molestias a todo el mundo: a los profesionales del servicio de Urgencias del Hospital de Salamanca que tienen que improvisar ‘ingresos’ temporales de los presos, puesto que no los pueden subir a planta al no estar abierto el módulo específico para reclusos. A los pacientes que están en Urgencias y se sienten incomodados por el despliegue de Policía y Guardia Civil alrededor de los presos. A la propia Guardia Civil que tiene que trasladar a estos reclusos hasta Valladolid o Burgos cuando es necesario hospitalizarlos, dado que en Salamanca no está habilitado el espacio. También a los profesionales de Burgos y Valladolid que tienen que asumir a los presos de Topas, además de los de sus centros penitenciarios.
El culebrón de módulo de Topas en el Hospital de Salamanca arranca en el año 2014, cuando al Junta de Castilla y León le presenta al Gobierno el proyecto del nuevo Hospital de Salamanca y las características del módulo de Topas. Se trataba de un proyecto con 10 habitaciones y más espacios que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias vio adecuado y aprobó.
El problema surge cuando en el año 2021, desde el Gobierno se indica que las diez habitaciones aprobadas pueden ser demasiadas y en 2022 se apunta que bastaría con construir cuatro habitaciones.
La Junta de Castilla y León modificó el proyecto para dejar el módulo en solo cuatro habitaciones y remitió los presupuestos de la obra a Instituciones Penitenciarias, que debería hacerse cargo de los gastos, dado que en realidad se trata de la extensión de una cárcel, pero dentro de un hospital público.
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En vista de que el Gobierno no aprobaba el presupuesto, la Consejería ha insistido con varias comunicaciones recordando que cuanto más se tarde en aprobar la obra, más puede encarecerse el precio del material, puesto que los presupuestos solo tienen unos meses de validez. La última vez fue el 26 de septiembre de 2022, cuando se volvió a solicitar respuesta a la Subdirección General de Servicios Penitenciarios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y, de nuevo, fue ignorada.
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