Jueves, 12 de mayo 2022, 13:39
Las jóvenes de 16 y 17 años podrán abortar sin el permiso de sus padres, según el borrador que maneja el Gobierno y que el Ministerio de Igualdad llevará el próximo martes irá al Consejo de Ministros, una norma que desde el Colegio de Médicos de Salamanca no ven “prudente”. El presidente del colectivo salmantino, Santiago Santa Cruz, considera fundamental el apoyo familiar para que la persona que decida interrumpir su embarazo lo haga a conciencia, reflexionado pros y contras.
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Al respecto, en una conversación mantenida con LA GACETA, Santa Cruz incide en que “es responsabilidad de todos” que los jóvenes tomen decisiones de una “manera reflexiva y pensada”, algo que considera que no tienen todas las personas de 16 y 17 años. “En los países desarrollados cada vez hay mayor retraso en la madurez porque los menores solo han vivido en estado de bienestar. El aborto no es como ponerse un pendiente y puede acarrear consecuencias”, indica. “Desde el Colegio entendemos que el consentimiento únicamente se da cuando el paciente conoce toda la información al respecto y se da un periodo de reflexión”, añade.
La reforma pretende garantizar que ese derecho pueda ejercerse en el sistema público, siempre y cuando el centro cuente con un servicio de Ginecología y Obstetricia. El objetivo es que las mujeres no tengan que acudir a clínicas privadas o desplazarse a hospitales de otras provincias para abortar voluntariamente, como ocurre en la actualidad. Sin embargo, esta prestación en la sanidad pública se ha visto restringida en los últimos años por cuestiones como la objeción de conciencia. “Dicen que la nueva norma incidirá en la objeción de conciencia pero eso es un derecho, no va a cambiar. No se puede obligar a ningún profesional a practicar un aborto. Hasta ahora los centros donde se realizan son privados, hay muy pocos públicos. Ellos son los que se benefician económicamente de fondos públicos. Es un negocio. Las clínicas que practican abortos no lo hacen por ayudar a las mujeres. Un médico sabe que su misión fundamental es la de salvar vidas o aliviarlas —cuando no puede hacer más—, pero esto no entra dentro de sus competencias”, argumenta el presidente del Colegio de Médicos.
Así, por el momento se desconoce cómo el Gobierno pretende garantizar este servicio en todos sus hospitales públicos, aunque se habla de la posibilidad de crear un registro de objetores. Por el momento, la Consejería de Sanidad de Castilla y León, a preguntas de este medio, ha preferido no pronunciarse sobre el borrador hasta que no se haga pública la ley y poder conocer todos los detalles.
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