Los gimnasios salmantinos podrían perder 700 puestos de empleo por la política de “criminalización” de la Junta

La política de criminalización y discriminación que de la Junta con el sector de los gimnasios y las instalaciones deportivas podría provocar en Salamanca la pérdida de 700 de los 1.000 empleos que genera.

Así lo ha expuesto este viernes el presidente de la Federación de Empresarios de Servicios Deportivos de Castilla y León (Fedecyl), el salmantino Javier Sanz, y el presidente de la agrupación de Burgos, Alberto del Val, que comparecieron en la Cámara de Comercio para denunciar la “situación límite” que atraviesan.“Ninguna comunidad ha sido tan restrictiva con el sector”, argumentó Sanz en relación a que acumulan seis meses de cierre y otros dos de actividad limitada.

En este tiempo los gimnasios se han sentido criminalizados por la Administración, que nos les ha considerado sector esencial y les ha obligado a cerrar a pesar de los informes en contra que han presentado. “Su único argumento es considerar supercontagiadores a los usuarios enmascarillados porque exhalan fuerte”, criticó Del Val.

“Nuestro interés es cubrir los gastos emergentes, pagar los gastos del periodo de cierre y hacerlo ya para salir al mercado sin problemas”, añadió. Tanto los representantes como la Consejería de Turismo han reconocido que ya se elabora el borrador de ayudas para el sector y ellos se ofrecen para colaborar en la elaboración del plan de compensación.