Martes, 10 de mayo 2022, 23:34
Una ley de mínimos, con importantes concesiones a los estudiantes y sin cambios profundos, aunque con aspectos polémicos, pues recupera, con matices, alguna de las propuestas de Manuel Castells. Así es el borrador del proyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que este lunes presentó el ministro de Universidades, Joan Subirats.
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Los estudiantes se convierten en pieza clave del sistema universitario pues Subirats quiere concederles el poder para ‘controlar’ los exámenes y planes de estudio. En concreto, el artículo 35 de la LOSU dice: “Las universidades garantizarán la participación del estudiantado en la creación del conocimiento y su concreción en los planes de estudios y las guías docentes”. Es decir, por primera vez en una ley universitaria se considera “vinculante” la participación del estudiantado en todo el proceso de creación de los planes de estudio y las guías docentes, así como en su proceso de implementación.
La LOSU “amplía los derechos de los estudiantes que serán relevantes a la hora de exigir la calidad de la docencia con control de la evaluación del profesorado”, comentó al respecto el ministro Subirats sin concretar más sobre el alcance de este artículo. “Creo que está mal utilizada la palabra ‘vinculante’ porque eso supone tener que cumplir lo que digan, así que debería de decir ‘preceptivo’, que significa estás obligado a escuchar, pero no es condicionante”, señaló, por su parte, el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, tras leer el borrador e insistió: “Es confuso y seguro que variará antes de la aprobación definitiva de la ley”.
Con la propuesta de ley de Subirats los grandes ganadores son los estudiantes, pues logran que se recoja y regule el derecho al paro académico, una reivindicación histórica, y también consiguen que se les reconozca una mayor participación en los órganos de representación —pasan del 21% al 25%—. Este último aspecto apenas tendrá consecuencias en la Universidad de Salamanca, pues ya tenían el 25% que con la nueva ley será el mínimo a cumplir por todas las instituciones académicas de enseñanza superior.
Aunque parece que Subirats ha evitado entrar a regular cuestiones polémicas que le enfrentasen con las comunidades, ha recuperado la idea de su antecesor en cuanto al mandato del rector: 6 años improrrogables. Además, como propuso Castells, la nueva ley abre la puerta a la elección como rector a todos los profesores permanentes, no solo catedráticos, aunque deberán cumplir unos requisitos que fijarán, en cualquier caso, las propias universidades en sus estatutos. Esta regulación sigue sin convencer a los rectores, Rivero tampoco tiene claro que sea el mejor sistema.
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Aunque no lo hace de una forma tan evidente como su antecesor, la ley de Subirats tiene igualmente un sesgo de género también pues establece que se puedan establecer reservas y preferencias de contratación para favorecer a las personas del sexo menos representado en el cuerpo docente.
Un aspecto que ya ha provocado las críticas de algunas comunidades ha sido la inclusión del 1% del Producto Interior Bruto como inversión en la educación universitaria, pues el dinero que reciben las universidades llega en su mayoría de los gobiernos regionales.
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