Domingo, 15 de mayo 2022, 18:43
El encadenamiento de subidas constantes de los precios de los materiales de la construcción inquieta no solo a las empresas, también a las administraciones públicas, que han visto como en los últimos meses aumentaba la paralización de obras contratadas y se registraban más concursos que quedaban desiertos al no presentarse ninguna constructora. La preocupación ha llegado al Gobierno, que desde el pasado 1 de marzo ha modificado ya dos veces las condiciones para revisar precios de los contratos, una nueva herramienta que ya ha utilizado la Junta. No obstante, y pese a estas mejoras, el sector de la construcción considera insuficiente las medidas y reclama al Gobierno más flexibilidad para poder desatascar el desarrollo de muchas construcciones.
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La revisión excepcional de precios se aplica a las obras que están en ejecución, pero también a las que se encuentran en alguna fase del proceso de contratación y a aquellos contratos cuya licitación se produzca en un plazo de un año desde la entrada en vigor del nuevo Real Decreto-Ley del Gobierno. La modificación se aplicará cuando el encarecimiento de los materiales haya tenido un impacto “directo y relevante en la economía del contrato durante el ejercicio 2021”. ¿Y qué se considera impacto directo? Aquí está uno de los puntos más controvertidos. La norma entiende que se da cuando el incremento del coste de materiales siderúrgicos, materiales bituminosos, aluminio o cobre del contrato exceda del 5% del importe certificado del contrato en el ejercicio 2021.
El Gobierno supedita la modificación del contrato a la subida de cuatro materiales y el sector reclama que incluya más
Los constructores señalan que la lista de materiales aprobada por el Gobierno es demasiado corta, ya que el encarecimiento ha sido generalizado en el último año y medio en casi todas las materias primas que utilizan. “Fuera de la revisión se quedan los ladrillos, la madera, el hormigón o los cristales”, pone como ejemplo Manuel Prieto, presidente de la patronal Aescon, que reclama una mayor flexibilidad a las administraciones públicas si quieren poner una solución al problema existente en la obra pública.
Otra cuestión que preocupa al sector hace referencia al límite máximo que el Gobierno permite aumentar el contrato de forma excepcional. El Real Decreto-Ley, al que se ha ajustado la Junta, especifica que la modificación no podrá ser superior al 20% del precio total de adjudicación del contrato. “Habrá casos en que ese porcentaje resulte suficiente para que la empresa pueda concluir el trabajo sin perder dinero, pero para otros no”, explica Javier Tamames, presidente de la otra patronal, Aconsa.
El alto precio de los materiales no solo influye en contratos cerrados hace tiempo y que están paralizados por ese motivo. También están implicando numerosos problemas para adjudicar nuevas obras. En los últimos 15 días, por ejemplo, se han registrado cuatro contratos en Salamanca que han quedado desiertos porque ninguna empresa se ha presentado. Las afectadas han sido la Junta, con la rehabilitación de una vivienda en Buenamadre, la Confederación Hidrográfica del Duero con trabajos de impermeabilización en el canal de Villoria, el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro con la contratación de servicios de obras y el propio Ayuntamiento de Salamanca, que se quedó sin licitadores para construir el Centro de Actividades Económicas de Buenos Aires.
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