Lunes, 15 de julio 2019, 17:43
Ya suma dos años de especialización, pero el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Salamanca sigue soportando la mayor sobrecarga de trabajo de un órgano judicial en la provincia. La obligación impuesta de ser el único juzgado que lleve las demandas relacionadas con la contratación de préstamos hipotecarios ha generado un volumen de asuntos desconocido, que no ha ido acompañado de las medidas de refuerzo necesarias. Una situación que ha provocado que el órgano cuente con 1.200 asuntos pendientes de resolver en la actualidad.
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En un primer momento, el mayor número de casos que entraron en el juzgado hacían referencia a la inclusión de cláusulas suelo en el contrato de la hipoteca sin que el banco hubiera informado convenientemente al cliente. En la actualidad, sin embargo, el mayor porcentaje de demandas hace referencia a cuál de las partes debe hacerse cargo de los gastos de formalización del préstamo hipotecario. El letrado de la Administración de Justicia del juzgado explica que todos los casos de este tipo siguen llegando a la vía judicial por la escasa predisposición de las entidades bancarias a negociar antes con el cliente. De hecho, la vía extrajudicial que en su momento promovió el Gobierno para resolver este tipo de situaciones ha demostrado ser un completo fracaso. Los bancos siguen mostrándose reacios a un acuerdo, pese a que en el juzgado pierden en más del 90% de las ocasiones.
El Juzgado de Primera Instancia número 9 también se está encontrando con otro problema que dificulta su trabajo. Algunos bancos hacen oídos sordos a las sentencias que dicta, casi siempre en su contra, por lo que el órgano judicial ha de iniciar otro procedimiento, el de la ejecución. En lo que va de año ya ha tenido que llevar a cabo un centenar de estos procesos. El letrado de la Administración achaca el problema no solo a que los bancos intenten retrasar al máximo el pago al cliente, también a que son muchas las sentencias que hay en su contra, lo que ocasiona que a veces se “olviden” de algunas. Eso sí, una ejecución implica más trabajo para un juzgado ya de por si sobrecargado para los medios con los que cuenta.
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