Viernes, 12 de febrero 2021, 12:15
Los magistrados del TSJ del País Vasco han puesto en la balanza de la justicia dos intereses en conflicto: el daño irreparable que se causaría a la hostelería vasca de mantenerse el cierre de sus negocios, y la situación pandémica y las medidas a adoptar para dificultar su expansión. La balanza se ha inclinado a favor de las asociaciones de hosteleros. Los jueces entienden que el cierre prolongado de la hostelería generará un grave quebranto económico, cuya reparación será muy difícil. En este punto dicen algo muy importante: no habrá dinero suficiente que haga resucitar a los empresarios que se vean obligados a cerrar; es decir, el peligro por la mora procesal (el tiempo de tramitación del procedimiento hasta la sentencia) haría que una sentencia estimatoria del recurso fuera papel mojado para muchos, que estarían en la ruina, con sus negocios cerrados, cuando la situación que se debe mantener es la de bares y restaurantes abiertos. Con cita de jurisprudencia del Supremo, se apartan de la idea de que luego se les podrá indemnizar por los cierres, cuando lo que hay que mantener es al sector vivo, la “situación fáctica actual”.
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En el otro lado está la grave situación sanitaria. Los responsables de Salud vascos argumentaron que desde el 27 de diciembre hubo una escalada de casos, que ya está en descenso, pero los magistrados advierten que, hasta esa fecha, la hostelería estaba abierta (cumpliendo con todas las medidas impuestas) y nada ocurrió, y que los casos comenzaron a subir cuando se relajaron las medidas, hubo movilidad y encuentros de familiares y amigos en espacios privados con motivo de las celebraciones navideñas. Esos encuentros, según los epidemiólogos, pueden producir un 80% de los contagios. De esta forma, concluyen que no aparece con claridad la influencia de la apertura de los establecimientos hosteleros con el elevado nivel de incidencia del virus. Sobre todo si se tiene en cuenta que en diciembre la hostelería estaba abierta cumpliendo con todas las medidas en cuanto a horarios, aforos, distancias de mesas, prohibición de consumo en barra o de pie, y la incidencia bajaba.
La resolución judicial es aire fresco para los sufridos hosteleros, empresarios de gimnasios y grandes superficies y una prueba de que el Estado de Derecho funciona. Aire fresco, porque les da fuerzas (y razonamientos jurídicos) para reclamar a la Administración por las férreas restricciones que vienen padeciendo. Los empresarios deberían darse cuenta de que la acción no es romper platos, o manifestarse en las calles; la vía efectiva es iniciar acciones legales, reclamando las indemnizaciones a que tienen derecho y recurriendo los acuerdos de la Junta de Castilla y León que prorrogan el cierre del interior de sus negocios.
Recurran al poder judicial. Estamos de acuerdo en que hay que salvar vidas y la salud, pero la factura no la deben pagar solo unos pocos; los hosteleros y responsables de gimnasios no tienen el deber jurídico de soportar con su patrimonio el esfuerzo que estamos haciendo por salir de esta pandemia.
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