Lunes, 7 de febrero 2022, 22:54
La reforma laboral aprobada en el Congreso de los Diputados por un voto supone un serio problema para las universidades españolas, y en concreto para la de Salamanca, ya que pone en peligro la contratación de personal asociado a proyectos de investigación.
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Uno de los objetivos de la nueva norma es terminar con la temporalidad y para ello elimina el contrato por obra y servicio que hasta ahora se ha utilizado, por ejemplo, para los técnicos que se contratan con cargo a proyectos de investigación. Además, el contrato por acumulación de tareas en PAS (personal de administración y servicios) laboral se reduce ahora de 12 a 6 meses, y solo en el caso del PAS funcionario se amplía de 6 a 9 meses, de forma que tampoco da margen a las instituciones académicas para solucionar este problema. Responsables de la Universidad de Salamanca reconocen que es una situación muy complicada porque se quedan sin una figura que era básica para la investigación.
¿Cuál es la solución planteada por el Gobierno? Las universidades han recibido un documento del Ministerio de Universidades sobre los efectos de la reforma laboral en el que como mecanismo para facilitar el tránsito hacia el nuevo modelo de contratación indefinida establece la posibilidad de realizar contratos indefinidos no fijos. Al respecto, la institución académica explica que este mecanismo da lugar a otros muchos problemas puesto que para crear una plaza fija en la Administración tiene que estar en la RTP, por lo que está condicionada por la tasa de reposición.
Lo que dice el Ministerio es que mantengan a estos contratados como indefinidos y que se hagan fijos cuando sea posible. Además, recoge la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda autorice una tasa de reposición suplementaria. Ese trámite no convence a la Universidad puesto no garantiza que vayan a contar con la necesaria ampliación y genera incertidumbre.
Por otra parte, en organismos que tienen un número elevado de proyectos de investigación, como el caso de la Universidad de Salamanca, la solución planteada por el Ministerio supone que cuando acaben los proyectos de investigación para los que se contrató a esas personas tengan que incluirlas en las plantillas, pero ¿con cargo a qué presupuesto? Las instituciones académicas temen que al final se produzca un desequilibrio económico-financiero.
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En el Estudio salmantino piensan que la mejor fórmula sería la del contrato fijo-discontinuo, una figura que permitiría dar de alta a un trabajador cuando se tenga proyecto y cuando no, se le podría dar de baja. Eso sí, obliga a las administraciones a que cuando haya un proyecto de similar categoría se vuelva a contratar a esa persona.
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