Viernes, 21 de abril 2023, 12:42
La directora general de Vivienda de la Junta de Castilla y León no oculta su indignación con el plan de Pedro Sánchez para movilizar hasta 50.000 viviendas para alquiler social. “Es un engaño de tal calibre que estoy que muerdo”, aseguró en declaraciones ... a este periódico. María Pardo recalca que el problema de la vivienda es “una cosa seria” y debe abordarse desde el rigor y “con sentido común”.
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“Lo demás son bromas de mal gusto”, afirma en alusión a la intención del Gobierno nacional de vender los inmuebles de la Sareb a las comunidades autónomas para que se dediquen a alquiler social y asequible. “Aunque me las regale, la mayoría de esas viviendas no las quiero”, afirmó detallando que la mayoría de ellas no se encuentran en condiciones de ser habitables. “Cuando le pedimos información, directamente la Sareb descarta algunas que no se atreve ni a enseñarnos”, remarca. Incluso en las doce ubicadas en la provincia de Salamanca que han pasado el cribado técnico y la Junta considera que su adquisición “es susceptible de estudio”, “hay que hacer actuaciones de reparación”, pero, en esos casos, las obras, al menos, “resultan rentables”. En el resto, su mal estado hace que a la administración autonómica no le interese hacerse con ellas de ningún modo.
Pardo tiene claro que, antes que comprar viviendas a particulares para incrementar el parque de vivienda pública y social, la Junta recurre a la Sareb porque los inmuebles que el “banco malo” posee “nos están costando a todos los españoles”. Tal y como informó el portavoz del Gobierno regional, Carlos Fernández Carriedo, hace diez años que la Junta trabaja con esta sociedad para dar salida a las viviendas que tienen en stock. En los últimos seis años, ha sido Pardo quien se ha encargado de ir revisando los inmuebles disponibles para estudiar su posible compra. De hecho, ya cuenta con algunas que emplea para alquiler social y por las que paga al “banco malo” entre 75 y 125 euros al mes, “cuando consigo que nos cobre, claro”.
La directora general explica que la Junta camina en muchos planes “de la mano del Ministerio”, pero expresa indignada que “es la primera vez que un plan estatal se impone a las comunidades autónomas”, pese a tener ellas las competencias de Vivienda. Afirma que todas las comunidades tienen claro que hay que aumentar el parque de vivienda pero ha de ser, dice, “de una forma seria”.
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