Lunes, 29 de agosto 2022, 20:02
La Junta de Castilla y León es una de las administraciones implicadas en el Plan de Recuperación, en su caso como encargado de gestionar los fondos que le asigne el Gobierno. Un sistema diseñado desde Moncloa y que el Ejecutivo regional considera que contiene fallos que están dificultando un mayor interés de las empresas.
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Las quejas de la Junta se centran en dos apartados que están relacionados. Por un lado, critica que Sánchez y su equipo no ha tenido en cuenta la opinión de las comunidades autónomas ni de los potenciales sectores beneficiados con las ayudas. Un error que ha traído consigo que el Gobierno estableciera una serie de requisitos muy difíciles de cumplir por parte de las empresas, lo que las desanima para optar a los fondos europeos. Destaca, además, que esos criterios son inflexibles, y que las comunidades apenas pueden cambiarlos, ni siquiera en las ayudas que ellas gestionan.
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, considera que el Gobierno “no ha tenido en cuenta las necesidades de las pymes”, lo que implica que “muchas empresas tengan problemas para poder beneficiarse”, además de añadir que la Junta intentará hacerlo lo mejor posible “con estas reglas de juego”.
Carlos Fernández Carriedo muestra también su enfado por la forma de repartir fondos y gestiones por parte del Gobierno. Apunta que las competencias que se ha reservado el Ejecutivo de Sánchez “son las más fáciles de gestionar” al tratarse de pocos expedientes para distribuir cantidades importantes de dinero, mientras que ha dejado a las comunidades las que conllevan una mayor carga burocrática.
El consejero incide en que el reparto de los fondos tampoco ha sido adecuado. “No beneficia a Castilla y León, ya que el dinero que ha de recibir cada región se ha regido por criterios de población o por el mayor impacto de la crisis, que no nos benefician, mientras que ha dejado fuera otros que sí lo harían”, explica.
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Con estas reglas de juego, la Junta ha calculado que a Castilla y León le corresponden unos 5.000 millones de euros, de los que alrededor de la mitad serían gestionados por el Estado y la otra por el propio Gobierno regional. La realidad es que hasta ahora solo han llegado unos 1.500, lejos aún de las previsiones.
En este punto, Carlos Fernández Carriedo denuncia que el Ejecutivo de Sánchez ha sido muy lento. “Ha destinado la mitad de los tres años de esta primera etapa del plan en pensar los planes y repartir. En los Perte, por ejemplo, ha aprobado 11 pero por ahora solo ha convocado dos”, expone.
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