Martes, 16 de agosto 2022, 09:55
En 2013 el entonces alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, calificó de “desmedido” actualizar conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC) del transporte, que se situó en 4,5%, los precios del autobús urbano y optó por tomar como referencia el IPC interanual de carácter general de mayo, un 1,7%. Casi una década después y con la inflación actual aquella rebaja resulta hoy irrisoria. La tasa de variación anual en el sector del transporte se situó el pasado mayo en un 14,9%, y la general, en el 8,7%. Desde hace años, a la hora de elaborar las ordenanzas fiscales que fijan los tributos del siguiente ejercicio, el Ayuntamiento de Salamanca ha venido aplicando el IPC interanual general de mayo o el de agosto. Sin embargo, hacerlo ahora supondría que el Gobierno de Carlos García Carbayo encarase 2023 con la mayor subida de tarifas municipales de las últimas décadas: la tasa de mayo es más alta de las que se han aplicado en, al menos, 25 años, y la de agosto no promete ser mejor —en junio alcanzó en junio el 10,2% y en julio, el 10,8%—.
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Los socios del Gobierno municipal,PP y Cs, rechazan de pleno aplicar estas subidas. Además, hacerlo podría ser su condena en las elecciones municipales previstas para el próximo mayo. Sin embargo, la inflación les pone contra las cuerdas. Puede que no quieran repercutir el aumento del coste de la vida sobre los ciudadanos, pero las empresas concesionarias de los servicios que se pagan con esas tarifas y tasas sí van a querer cobrarlo. De hecho, la mayoría tienen reconocida por contrato una actualización anual al IPC. Además, la desbocada subida de precios que ha experimentado la energía y los combustibles están generando importantes tensiones presupuestarias a estas empresas. La factura de la luz de Aqualia vinculada a la gestión del servicio municipal de aguas de la capital de Tormes se ha incrementado desde 2020 en más de 2,6 millones de euros. Para Salamanca de Transportes, la situación no es mejor.
Comparado con 2019, su gasto en combustible —más de la mitad de sus vehículos funcionan con gas natural— se elevó en medio millón de euros durante 2021, y entonces el incremento de precios estaba comenzando. Esta situación enfrenta al Consistorio a un peligroso desequilibrio: no repercutirlo a los hogares, ya muy castigados por el aumento del precio de la cesta de la compra, frente a un incremento de costes que sí reclamarán las concesionarias. Este delicado equilibrio para el año en el que concluye el mandato llega acompañado de un aumento del gasto energético. Aunque se esté tratando de reducir el consumo, el alumbrado de la ciudad va a salir este año, como mínimo, cuatro millones de euros más caro a las arcas municipales que el pasado. A partir de aquí, queda el camino de la negociación cuyos resultados se verán en unas ordenanzas fiscales ahora mismo en elaboración.
Pero, ¿qué tributos municipales están sujetos a esa actualización al IPC? Para empezar, el suministro de agua y alcantarillado y la tarifa de depuración, un tributo que afecta a todos los hogares, pero también los precios del autobús urbano, las escuelas infantiles municipales, las piscinas, el estacionamiento regulado (ORA), los servicios funerarios, los mercados municipales o las tarifas por la utilización de instalaciones del Multiusos o la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, entre otros.
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