Domingo, 28 de agosto 2022, 18:52
Van a cumplirse casi dos años desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara a bombo y platillo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con los más de 70.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos y las sensaciones son de decepción. La complejidad de las solicitudes y los exigentes requisitos establecidos para lograr las ayudas ahuyentan a las empresas, sobre todo a las de menor tamaño y a los autónomos, que cuentan con menos recursos para tramitarlas. Además, la multitud de líneas de subvenciones y las diferentes administraciones y organismos que las convocan generan también confusión. Un hecho al que en los últimos meses se está sumando la sensación de que algunos de los pocos beneficiarios que hay en Salamanca están tardando más de lo previsto en ingresar la cuantía asignada.
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El presidente de CEOE-CEPYME Salamanca, Diego García, afirma que uno de los problemas para las pymes y autónomos reside en la “gran carga burocrática” que implican las ayudas con fondos europeos, lo que conlleva una menor capacidad “para hacer frente a la presentación de la documentación con los plazos que se marcan para las solicitudes”. Otra cuestión que preocupa a las empresas es la incertidumbre sobre si el IVA es gasto elegible o no en las inversiones, ya que los diferentes ministerios tienen criterios contradictorios, apunta Diego García.
La otra asociación empresarial, CES Salamanca, también considera que la tramitación resulta “muy farragosa” en la mayoría de ayudas, a lo que se une la multitud de líneas de subvención. “Al no estar centralizadas resulta complejo a veces enterarse de las que salen y dónde han de presentarse”, explican.
La multitud de líneas y las diferentes administraciones y organismos que las convocan genera también confusión
El secretario general de la Cámara de Comercio de Salamanca, Emilio Checa, apunta también otro problema: la tardanza para resolver las solicitudes. Insiste en que los plazos se están alargando en el tiempo más de lo previsto. “Este tipo de ayudas implica una revisión, intervención, subsanaciones, auditoría, trámites burocráticos que conllevan mucho tiempo para una empresa”, asegura.
El último de los obstáculos con los que se están topando empresas e incluso administraciones públicas que concurren a las ayudas específicas para ellas son los retrasos en el abono del dinero que ya tienen concedido. Un ejemplo es el Ayuntamiento de Juzbado, que aún está pendiente de 50.000 euros de los planes de acción local de agenda urbana y cuya resolución data de diciembre de 2021. Ocho meses después el Ministerio de Transportes aún no ha hecho el ingreso. Un problema parecido tiene el Ayuntamiento de Alba de Tormes, con 1,3 millones para proyectos de turismo. La resolución fue en abril y la Junta, que gestiona los fondos, aún no ha realizado la transferencia.
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La casuística también lleva a situaciones cuando menos impensables. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo informó el pasado diciembre que habría una ayuda de tres millones de euros para cada Ciudad Patrimonio de la Humanidad, como Salamanca. Sin embargo, nueve meses después ni siquiera se ha resuelto una ayuda en la que la cantidad de la subvención ya se conoce, así como los potenciales beneficiarios. Según el Ministerio, el departamento de gestión económica está ultimando toda la tramitación de la documentación.
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