Lunes, 23 de mayo 2022, 13:42
Ya son al menos 400 los salmantinos que han reclamado contra el denominado “cártel de coches” para exigir una indemnización de entre el 10% y el 15% del coste de su vehículo, comprado entre 2006 y 2013. La mayoría de marcas de automóviles, más de 100 concesionarios y algunas consultoras se organizaron e intercambiaron información sobre el precio y las características de sus modelos, lo que provocó un alza de precios que perjudicó a los clientes, según la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), que multó a las compañías implicadas.
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El Tribunal Supremo falló contra las firmas entre el 20 de abril y el 12 de diciembre del año pasado, sentencias que se publicaron de forma escalonada debido a los recursos presentados por cada una de las marcas. Si a través de la Unión de Consumidores y Usuarios (UCE) de Salamanca ya se han presentado 200 reclamaciones, la Agrupación de Afectados contra el Cártel de Coches (AACC) ha tramitado otras 200 denuncias más de salmantinos. Según los estudios de la organización, en Salamanca hay entre 15.000 y 20.000 damnificados por estas prácticas contrarias a la Ley en Defensa de la Competencia. En concreto todos los que compraran su vehículo en este lapso de tiempo.
Como ya advirtió UCE y otras asociaciones del sector, el plazo inicial para reclamar es un año tras el fallo del Tribunal Supremo, un periodo que ha expirado en el caso de 19 de las 27 marcas implicadas. Aún así, y debido a la complejidad del caso de este cártel de coches, algunos juristas y abogados consideran que es muy posible que se produzca una prórroga. Muchos de ellos consideran que las acciones deberían tener un plazo de cinco años.
Para iniciar la demanda adecuadamente es necesario confirmar que se compró el coche en el periodo estipulado y a las marcas afectadas. Cabe destacar que la fórmula de adquisición puede ser de pago al contado, mediante financiación, leasing, renting, etc. En todo caso es necesario presentar la factura de compra o el justificante de pago del banco si ya no se dispone de esta documentación. El proceso judicial comienza con la presentación de la demanda judicial cuanto antes, acompañada de un informe pericial en el que se incluye la posible pérdida económica, así como la cantidad que se reclama.
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