José Ramón Chaves García nació en Oviedo en 1962, sin embargo, sus orígenes son salmantinos. Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias especialista de lo Contencioso Administrativo, conoce de cerca el sistema universitario, fue jefe de los servicios jurídicos de la Universidad de Salamanca y director general de Universidades en Asturias.
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La Universidad de Salamanca acaba de ser escenario de la entrega de los premios al mejor blog jurídico. Mantiene muy vivo el vínculo con el Estudio Salmantino, ¿no?
—Lo mantengo porque tengo el orgullo de que mis padres y orígenes son salmantinos, y porque tuve el honor hace veinte años de desempeñar la jefatura de los servicios jurídicos de la Universidad de Salamanca, y recientemente obtuve el título de doctor por la misma. O sea, llevo Salamanca en el alma y su universidad en el corazón.
¿Cómo diría que ha cambiado la Universidad en este tiempo?
—Ha sabido adaptarse a los tiempos tecnológicos y de mercado competitivo, sin perder el inmenso valor de la marca salmantina. Además, su apuesta en las últimas décadas por la internacionalización y la dinamización cultural, la han convertido en el buque insignia de las universidades públicas españolas.
Parece que ahora el jefe de los servicios jurídicos está muy ocupado con los litigios, ¿por qué han aumentado los pleitos?
—Los litigios de personal han aumentado, no solo en la Universidad de Salamanca sino en todas las administraciones públicas. En particular, la litigiosidad del profesorado se explica por la escasez de plazas, los limitados fondos investigadores y la comprensible lucha por la estabilidad del personal temporal.
¿Qué opina de la nueva LOSU?
—Una ley que afecta a un millón largo de alumnos, a más de cien mil profesores y otro tanto de personal de administración, debe hacerse con reflexión y sosiego. Las precipitaciones son malas consejeras y creo que esa nueva ley traerá más problemas que soluciones. Intenta contentar a todos, dando más poder a las comunidades autónomas, menos iniciativa a las universidades, ausencia de medidas transitorias claras y nula financiación. O sea, todos los ingredientes de una ley técnicamente deficiente, que tendrá entretenidos a rectores, juristas y funcionarios.
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“Los jueces no son responsables de las leyes que aplican, por mucho esfuerzo que hacen para reorientar las malas leyes, jamás pueden saltárselas”
El rector de Salamanca considera que roza la inconstitucionalidad en el artículo relativo a la aprobación de las plazas, ¿qué opina?
—El Tribunal Constitucional dejó claro en 1987 que la aprobación de qué plazas y en qué áreas necesitaba la universidad, pertenecía a su autonomía, a la decisión de la propia comunidad académica. Por eso, es claro que si existe en la LOSU un artículo que atribuye su aprobación a la Comunidad Autónoma, estamos ante la crónica de una inconstitucionalidad anunciada. En toda la vida democrática jamás osaron las comunidades autónomas usurpar ese núcleo de competencias universitarias. Por eso, el rector de Salamanca, catedrático de Derecho Administrativo, ha alertado con autoridad de tamaño despropósito.
Ha denunciado en su blog que hay falta de calma y claridad en la justicia, ¿diría que se legisla rápido y sin pensar en las consecuencias o solo pensando en dar gusto a los socios?
— Por desgracia, hay muchas leyes y cambian pronto. Eso no beneficia a la seguridad jurídica ni a la credibilidad del sistema. Quizá los parlamentarios no han seguido el consejo de don Quijote a Sancho para buen gobierno de su ínsula, diciéndole que hiciese pocas leyes y que las pocas que hiciese fuesen buenas y que se cumpliesen.
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En la actualidad política todos los días se habla de la “ley del sí es sí”. ¿Es un cúmulo de despropósitos?
—Demuestra que a los políticos no les importa la técnica legislativa, olvidando que los pequeños errores del legislador son fuente de litigios y aberraciones jurídicas. Me gustaría insistir en que los jueces no son responsables de las leyes que aplican, pues por mucho esfuerzo interpretativo y de equidad que hacen para reorientar las malas leyes, jamás pueden saltárselas.
¿Podría pasar como con la Ley del Aborto, que aún está dando tumbos en el Constitucional?
—Es lamentable que un Tribunal Constitucional, llamado a ser faro de justicia y ejemplo para los poderes públicos, aparque o impulse una sentencia en función del gusto del presidente de turno. No resolver con celeridad es resolver mal, y la Ley del Aborto merece una sentencia, en el sentido jurídico que proceda, pero que se dicte de una vez.
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“Hay que devolver al ciudadano que le atienda un funcionario con rostro y poder quejarse sin verse obligado a pelear con una pantalla”
¿Y la polémica Ley del Bienestar Animal?
—Es una ley necesaria, pero un buen ejemplo de que las modas, las negociaciones de última hora y el ruido de las fuerzas vivas pueden generar una flamante ley, pero con mucho descontento. Mala ley la que hay que explicar en su contenido para que se acepte.
Es un gran lector, ¿la LOMLOE acabará con las pocas ganas de lectura de los escolares?
—Cada nueva ley educativa de la democracia supone un paso atrás en el fomento de la lectura y el valor del esfuerzo. Parece que se olvida que la formación de la juventud de hoy será la que llevará las riendas de la sociedad del mañana, y la lectura es la mejor inversión educativa que puede hacerse.
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Además, es pionero en el tema de los blogs ¿diría que suplen las carencias de las administraciones?
—Ni los blogs ni Internet suplen a los deberes de la Administración. Sin embargo, Internet ofrece un espacio donde foros y crítica campan de manera espontánea y espolean a la administración a mejorar.
En la entrega de lo premios al mejor blog jurídico uno de los galardones fue para un artículo que denunciaba la falta de atención de las administraciones a los ciudadanos. La pandemia supuso un paso atrás y en muchas administraciones sigue la cita previa y ‘online’ ¿se ningunea a los ciudadanos?
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—La cita previa para los servicios públicos y oficinas administrativas tuvo sentido durante la pandemia. Ahora hay que devolver al ciudadano la cercanía, que le atienda un funcionario con rostro, y además poder quejarse sin verse obligado a pelear con una pantalla para obtener una cita laboriosa y quizá demasiado tarde. Galicia ha dado un paso adelante y la suprimirá de raíz.
“Mala ley la que hay que explicar en su contenido para que se acepte”
Parece que en la Administración de Justicia hay tensión, esta semana ha habido huelga de los secretarios.
—Los letrados de la administración de justicia ejercen su derecho a huelga, aunque personalmente creo que no corren tiempos para pretensiones de alzas retributivas, ni tampoco para penalizar a los ciudadanos con el aplazamiento de juicios, que provocan un sufrimiento y daño casi irreversible.
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¿Qué opina del actual Consejo General del Poder Judicial en funciones?
—Es inaceptable que los miembros del Consejo lleven cuatro años en funciones, sin seguir el ejemplo del presidente Lesmes, que al menos dimitió. Además, no conozco a nadie que les felicite por su penosa política de nombramientos para cargos judiciales. Lo único bueno es que la ciudadanía es inteligente y no confunde a los jueces, enfrascados en dictar sentencias, con los miembros del órgano que les gobierna, ocupados en otras cosas.
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