Jueves, 11 de noviembre 2021, 21:37
Ya es tarde para quienes se hayan planteado donar o vender una vivienda sin tener que abonar el impuesto de plusvalía. Y también es seguro que por las transmisiones de bienes inmuebles que se materialicen en los próximos días se pagará por este tributo lo mismo o incluso más que dentro de unos meses. En algunos casos, eso sí, será menos que lo que hubiesen tributado hace solo dos semanas.
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En las últimas semanas, algunos ciudadanos han tratado de agilizar donaciones para beneficiarse de la anulación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, según apunta la vocal del Colegio de Gestores de Castilla y León, Isabel Muñoz. Desde este miércoles ya solo se beneficiarán de las bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones.
Elvacío en el método de cálculo de la plusvalía generado por la sentencia del Tribunal Constitucional que lo anulaba ha durado quince días, desde el 26 de octubre hasta el 9 de noviembre. El miércoles mismo, con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 26/2021, el Ayuntamiento de Salamanca, a través del Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación (Oager), comenzó a aplicar las dos nuevas fórmulas que el Consejo de Ministros ha aprobado para que los municipios puedan seguir cobrando el tributo, según confirman fuentes municipales.
Si bien es cierto que ningún ayuntamiento, tampoco el de Salamanca, cuenta a día de hoy con una ordenanza adaptada al nuevo método de cálculo del impuesto, la disposición transitoria del Real Decreto-Ley establece que, hasta que los consistorios amolden su normativa municipal y durante un plazo máximo de seis meses, estos deberán aplicar el documento aprobado por el Gobierno. Pero, además, se obliga a las entidades locales que ya venían liquidando este tributo, entre ellas el Consistorio de la capital charra, a calcular la cuota a liquidar aplicando los coeficientes máximos correspondientes a los años en los que se ha generado la plusvalía.
Tramitar la modificación de una ordenanza fiscal no es precisamente un procedimiento rápido. El concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, estima que serán necesarios entre dos y tres meses, por lo que su entrada en vigor difícilmente sería antes de mediados de enero. Una vez redactada y emitidos los correspondientes informes técnicos, debe dictaminarse favorablemente en la Comisión de Hacienda y recibir un primer visto bueno en sesión plenaria. Posteriormente, debe exponerse públicamente durante, al menos, 30 días para que los ciudadanos puedan presentar las reclamaciones correspondientes. Todas ellas deberán ser dictaminadas —aceptándolas o no— antes de la aprobación definitiva por parte del Pleno y su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Antes de emprender todo este proceso, el Gobierno municipal debe decidir qué coeficientes va a aplicar sobre el valor de los terrenos en función de los años —hasta un máximo de veinte— durante los que se ha generado la plusvalía. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha fijado unos máximos —los que se aplican desde el miércoles—, pero, en el ejercicio de su autonomía, el Ayuntamiento puede decidir aplicar otros más bajos o mantener los más elevados. De momento, el edil de Hacienda de Salamanca explica que, antes de tomar ese tipo de decisiones, se está evaluando el impacto que el cambio en el método de cálculo de la plusvalía tendrá en las arcas municipales.
Dado que ahora el Ministerio de Hacienda ofrece dos métodos de cálculo del tributo para que el contribuyente elija el que le resulte más beneficioso, Rodríguez asegura que es necesario realizar un estudio pormenorizado para estimar si la nueva plusvalía supondrá para el Consistorio charro una mayor o menor recaudación que antes de la sentencia del Constitucional, cuando se ingresaban anualmente entre 7 y 8 millones de euros por el cobro del tributo.
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De momento, los ingresos que el Ayuntamiento de la capital del Tormes ya ha perdido son los correspondientes a las transmisiones realizadas entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre. En esos mismos quince días de 2020 se tramitaron 920 plusvalías, por las que el Oager recaudó 488.520 euros. Es la cifra más aproximada disponible a día de hoy de lo que, de momento, habría podido dejar de ingresar el Consistorio durante el vacío generado entre la publicación del fallo del Tribunal Constitucional y la entrada en vigor del Real Decreto-Ley.
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