Viernes, 23 de septiembre 2022, 09:47
Los procuradores autonómicos del Partido Popular por Salamanca, que este jueves ofrecieron una rueda de prensa para presentar la “revolución fiscal” de la Junta de Castilla y León, se desentendieron de la polémica suscitada por la ausencia de noticias sobre la edición de 2022 del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, que tradicionalmente se celebraba a principios de verano pero que este año, como el anterior, estaba previsto para la primera semana de octubre.
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Ante las preguntas de los periodistas y teniendo en cuenta que todavía no hay cerradas fechas, ni programación ni espacios para los espectáculos, la parlamentaria regional por esta provincia Carmen Sánchez Bellota, acompañada por Rosa Esteban y José María Sánchez, esgrimió: “Sabéis que la Consejería de Cultura no es de gestión directa del PP. Sí que es verdad que todos formamos gobierno pero es gestionado por el grupo Vox y, a partir de ahí, las decisiones de última hora lógicamente forman parte de sus competencias”.
No escondieron los parlamentarios autonómicos que, igual que le pasa al Ayuntamiento de la capital del Tormes, desconocen qué va a ocurrir con este certamen que puso en marcha en 2005 la administración autonómica cuando a su frente estaba precisamente el PP y que se promovió con el objetivo de convertirlo en una cita de referencia nacional e internacional para las nuevas tendencias artísticas, un reto que los constantes recortes de presupuesto lo han puesto cada vez más difícil. “A día de hoy no sabemos muy bien cómo se va a abordar el tema del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León”, reconoció Sánchez Bellota. “Y supongo que la última palabra la tendrá el consejero”, concluyó depositando toda la responsabilidad de la celebración del FACYL en el también salmantino Gonzalo Santonja (Vox).
Aunque fueron preguntados por la propuesta de la Fundación Siglo —que precisamente preside Santonja como consejero de Cultura— de incluir zarzuelas en este certamen de vanguardia que promueve directamente la Junta de Castilla y León, los procuradores salmantinos prefirieron no entrar en polémicas con sus socios en el Gobierno autonómico y obviaron la cuestión.
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