El ‘impuestazo’ a la basura de Pedro Sánchez

Se avecina una subida de hasta el 20% en la tasa de recogida de basuras para todos los contribuyentes.

El “impuestazo” que el Gobierno de Pedro Sánchez empezará a cobrar desde el 1 de enero por el depósito de residuos en vertederos afectará sin distinción a los 362 municipios de Salamanca. Con él, las arcas estatales recaudarán en torno a 2,25 millones de euros al año en la provincia al amparo de una directiva europea que apuesta por que “quien contamina paga”, aunque en este caso todos los hogares verán aumentada su presión fiscal sin tenerse en cuenta lo que reciclen o los residuos que generen.

Dado que la mayoría de los ayuntamientos ya han aprobado las ordenanzas que regularán la tasa de recogida de residuos el próximo año y que, además, 2023 es un año electoral, la mayoría de ellos harán frente a este nuevo tributo sin repercutirlo en los ciudadanos recurriendo a fondos propios o remanentes. Pero todo apunta a que en 2024 serán los contribuyentes los que pasen a pagarlo de su bolsillo, puesto que el fin último de cualquier tasa municipal es cubrir el coste real del servicio que se presta.

La Ley 7/2022, de 8 de abril, fija el pago de una cuota de 30 euros por cada tonelada métrica de residuos municipales que se viertan en el vaso de rechazo del centro de tratamiento de residuos (CTR) de Gomecello, en el que, a través de la sociedad GIRSA (Gestión Integral de Residuos Sólidos S.A.), acaban todos los residuos urbanos que los consistorio recogen en la provincia. Dado que el tributo se paga a través del adjudicatario que explota el CTR debe aplicarse el IVA, es decir, que el importe real es de 33 euros por tonelada. Y, por otro parte, se elimina el impuesto autonómico de 7 euros —7,7 con IVA— que se venía cobrando hasta ahora. Así, el incremento real es de 25,3 euros.

Teniendo en cuenta que en 2021 llegaron a las instalaciones de Gomecello 75.043 toneladas de residuos procedentes de todos los municipios de la provincia, el centro de tratamiento de residuos tendrá que pagar al Estado unos 2,25 millones de euros por este nuevo tributo. Por su parte, fuentes de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León han confirmado a este periódico que el impuesto autonómico por vertidos que venía cobrando hasta ahora desaparecerá con el inicio del nuevo año. Por lo tanto, los ayuntamientos tendrán que asumir un incremento de costes de 1,9 millones de euros aproximadamente, incluyendo el IVA.

Ante este nuevo tributo, el consorcio de GIRSA ya ha informado a los municipios de la subida de las tasas por el tratamiento de vertidos que empezará a aplicarse desde el 1 de enero, casi del 40%, debido principalmente a la entrada en vigor de este nuevo impuesto al vertido. Así, por cada tonelada de residuos de fracción resto —contenedor gris— que una entidad local lleva al centro de tratamiento se le cobra ahora 48,50 euros, pero en 2023 pasarán a ser 67,50 —a las que se aplican reducciones cuando se demuestra que en el periodo anterior—.

Sin embargo, esa subida en las tasas que el CTR de Gomecello no se traducirá en un incremento del 40% del gasto para los consistorios de la provincia. Según explican fuentes de GIRSA, el tratamiento es solo una parte de la gestión de los residuos. Supone aproximadamente la mitad de los costes municipales, mientras que la recogida supondría el otro 50%.

De esta forma, para los ayuntamientos supondrá un incremento del gasto de hasta el 20%. Un porcentaje que, si bien, en la mayor parte de los municipios no se trasladará en 2023 a los contribuyentes, sí tendría que aplicarse a la tasa que se cobra al contribuyente el siguiente año, en 2024.

Ciertamente la tasa de recogida de basuras que cobran los municipios de Salamanca no es una cantidad muy elevada, pero la subida que se aplicará a este tributo será en muchos la mayor que se ha aplicado en, al menos, una década.

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