El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la tercera reforma universitaria de la democracia, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que sustituye a la LOU, de 2001, con 182 votos a favor, 157 en contra y 8 abstenciones. Aunque el proyecto del ministro Joan Subirats se parece poco o nada al borrador presentado por su antecesor en el cargo, Manuel Castells, no ha conseguido el consenso del sistema universitario, que tendrá que aplicar la nueva norma —entrará en vigor en 20 días desde su publicación, aunque hay moratorias para su aplicación en los concursos de profesorado—.
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El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, ha sido uno de los más beligerantes, puesto que considera que la LOSU no corrige los verdaderos problemas del sistema universitario español, como fijar límites a las universidades de dudosa calidad, y, sin embargo, añade nuevas dificultades, especialmente en materia de profesorado, donde se producen los cambios más significativos.
Desde ahora, serán las agencias de calidad autonómicas, no la nacional ANECA, las que evaluarán a los candidatos que quieran optar a una plaza de funcionario. Además, su evaluación queda en manos de los comités de selección de las universidades. Eso sí, todos los profesores tendrán que hacer un curso de formación docente similar a los que ya se llevan a cabo en la Universidad de Salamanca, aunque ahora de carácter obligatorio.
En materia de profesorado, otra de las novedades es que se establece una vía funcionarial y otra laboral paralela, estructura que ya existe en Cataluña o el País Vasco. La ley dice que tiene que haber mayoría de funcionarios, pero los sindicatos ya han advertido de que, en la práctica, se reducirá el porcentaje actual del 51% de funcionarios.
La Ley Orgánica del Sistema Universitario rebaja el nivel de exigencia en varios aspectos, también en la elección del rector, que deja de ser considerado la “máxima distinción académica” y no será necesario que tenga la categoría de catedrático. Eso sí, se limita su mandato a 6 años improrrogables y no renovables. Su elección se producirá por sufragio universal, como la de los decanos. En esos comicios, los estudiantes tendrán más representación, un mínimo del 25% —en Salamanca no afecta pues ya tienen el porcentaje máximo— y la ley también les beneficia en cuanto que tendrán derecho a la huelga y lo más práctico: la norma pone tope a los precios de las matrículas, que no podrán subir.
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El único aspecto que la comunidad universitaria ve con buenos ojos es el de la internacionalización. Por primera vez la ley universitaria incluye un apartado en este sentido en el que figura la creación de la figura de profesores distinguidos; sin embargo, no queda claro que las instituciones puedan pagar más a estos docentes para lograr así la deseada atracción de talento.
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