Domingo, 15 de agosto 2021, 23:04
“Claro que es de interés del alcalde y de esta Concejalía que esta legislatura avancemos en este asunto”, recalca el concejal de Fomento y Patrimonio, Fernando Carabias, al preguntarle por la normativa comprometida para acabar con el caos de rótulos que existe desde hace décadas en el casco histórico de esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Pero, ahora no es el momento, añade.
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“Aprobaremos una nueva ordenanza en materia de publicidad y cartelería en los inmuebles que afecten a la vía pública”. Es el nonagésimo compromiso del programa electoral con el que el Partido Popular concurrió a las elecciones municipales de 2019, y con el que se pretende dar respuesta a una reclamación histórica por el impacto negativo que generan muchos rótulos que se pueden ver en las calles de la Ciudad Vieja. Pero, atendiendo a las demandas de los sectores más afectados por esta medida, el comercio y la hostelería, el Gobierno de Carlos García Carbayo ha decidido “aparcar” durante un tiempo esta iniciativa por no ser “el momento más adecuado dada la situación económica” de estas empresas, recalca Carabias. “No podemos pedirles a las tiendas de la Rúa que pongan un modelo concreto de rótulo, si no han vendido una camiseta en cuatro meses”, expone comprensivo con las dificultades que atraviesan muchos negocios por las duras restricciones que han vivido a lo largo del último año y medio. Aún así, todavía quedan casi dos años de mandato en los que el edil quiere darle un impulso a esta normativa que, pese a que el Consistorio lo lleva intentando más de dos décadas y todavía no ha conseguido sacar adelante.
Fue en 1999, tres años antes de la celebración de la Capitalidad Cultural Europea de Salamanca, cuando el Gobierno del entonces alcalde, Julián Lanzarote, y de cara a esta cita internacional, lanzó una normativa para poner orden en los rótulos, carteles publicitarios, toldos, placas y cableado que empobrecían la imagen del casco histórico. Pero no llegó a aplicarse. Ocho años después, hubo un nuevo intento. En la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 2007 se introdujo una ordenanza, aún en vigor, que establece los materiales, colores, dimensiones, ubicación y todo tipo de detalles de los elementos que se pueden colocar en las fachadas de los comercios, bares y restaurantes ubicados en el área declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, así como en su zona de influencia. Sin embargo, ésta carece de efecto retroactivo y, aunque muchos de los negocios abiertos a posteriori se han sometido a estas pautas, el popurrí de letreros que existía previamente se mantiene.
El borrador de normativa planteaba multas de hasta 10.000 euros a quienes no adaptasen los rótulos en menos de dos años
El Plan de Gestión de la Ciudad Vieja de Salamanca aprobado en 2017, el documento estratégico que exige la Unesco a cada Ciudad Patrimonio, establece la necesidad de una normativa “detallada” y “exigente” con cualquier forma de publicidad no solo para el conjunto histórico, sino también para su zona de afección, que sería la enmarcada por Mirat, Carmelitas, San Vicente, Rector Esperabé y Canalejas. El compromiso con el que el PP concurrió a las elecciones municipales de 2019 era que esa ordenanza se aprobase antes de mayo de 2023, pero la pandemia de la covid ha destartalado muchos de los planes iniciales del Consistorio, incluido éste.
Antes de la cita con las urnas y con Carlos García Carbayo ya como alcalde, técnicos del Ayuntamiento comenzaron ya a trabajar en esa futura regulación. La idea entonces era que la nueva ordenanza tuviese efectos retroactivos y diese un plazo de dos años a todos los negocios para que se adapten a ella y “legalicen” todos los letreros. Para quienes hagan caso omiso de sus prescripciones, se contemplaba fijar sanciones de entre 3.000 y 10.000 euros. En aquel primer borrador se diferenciaban tres ámbitos de actuación. El primero y más restrictivo va más allá de la zona declarada Patrimonio de la Humanidad y se extiende a toda la Ciudad Vieja o “almendra central” de Salamanca, que incluye algunas de las vías más comerciales, como Toro, Zamora o Gran Vía. El resto de barrios de la ciudad constituían la segunda zona. Y, en tercer lugar, se fijarían restricciones claras para los monumentos y sus entornos.
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