Viernes, 9 de diciembre 2022, 23:44
Desde 2014, los salmantinos de la capital del Tormes pagan 87,12 o 73,76 euros al año por la tasa municipal de recogida de basuras. En una década no ha variado ni un solo céntimo. En función de la categoría asignada a la calle en la que se encuentre su vivienda o local, el contribuyente salmantino paga desde entonces 21,78 o 18,44 euros al trimestre. Sin embargo, con el nuevo impuesto al vertido de residuos urbanos que entra en vigor el 1 de enero, va a ser complicado que el Ayuntamiento de la ciudad pueda permitirse mantenerlo congelado después de 2023. Según fuentes del Gobierno municipal, no hay ninguna intención de que el próximo año se comience a repercutir en los ciudadanos este nuevo tributo que, a través de GIRSA, las arcas municipales empezarán a pagar al Estado a partir del 1 de enero. Consciente ya de que había que abonar el impuesto, la Corporación ha dado ya el visto bueno inicial a las ordenanzas fiscales de 2023 sin introducir ninguna modificación en la que regula la tasa de basuras. Fuentes del Ejecutivo de Carlos García Carbayo aseguran que, al menos, durante el próximo ejercicio el sobrecoste que supondrán esos 33 euros que habrá que pagar por cada tonelada de residuos urbanos que se lleve al centro de tratamiento de residuos será asumida por las arcas municipales sin incrementar la presión fiscal sobre los salmantinos.
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No obstante, y dado que el objetivo de cualquier tasa es cubrir el coste efectivo del servicio que se presta, el Ejecutivo local que se conforme tras las elecciones del próximo mayo se enfrentará a la mayor subida de este tributo en 15 años. Según fuentes de GIRSA, el impacto de este impuesto estatal en las arcas municipales será un incremento del 20% en los costes del servicio de recogida de basuras. Para asumirlo, por tanto, habría que aplicar una subida en la tasa que abonan los contribuyentes. Sin embargo, las primeras estimaciones apunta a que, en la capital, el incremento del tributo no sería tan elevado.
Actualmente el Ayuntamiento abona anualmente a GIRSA más de 2,4 millones de euros por el tratamiento de los residuos, y los primeros cálculos apunta a que el nuevo impuesto no conllevaría un incremento superior al millón de euros. Teniendo en cuenta que con la tasa de recogida de basuras, las arcas municipales recaudan de los contribuyentes más de diez millones de euros al año —ya que conlleva más gasto el servicio de recogida que el de tratamiento—, la subida sobre el tributo rondaría entre un 4% y un 8%. A partir de ahí, el Gobierno que se conforme tras las elecciones del próximo mes de mayo deberá decidir si repercute totalmente o no este coste en el ciudadano a través de la tasa.
De aplicarse este aumento, se trataría del mayor incremento aplicado a este tributo, al menos, desde 2012. Si fuese del 8%, solo sería inferior a la de 2008 cuando la subida de impuestos que aplicó el exalcalde Julián Lanzarote llevó a miles de personas a protestar en las calles de Salamanca. No fue solo la tasa de recogida de basuras la que se subió entonces un 34,8% —19 y 16 euros al año en función de la categoría de las calles—, sino también el precio del autobús urbano y el impuesto de bienes inmuebles, entre otros. Desde entonces y teniendo en cuenta que desde 2014 permanece congelada, la mayor subida de la tasa que se ha aplicado fue del 6% en 2012, y que supuso un incremento de poco más de un euro al trimestre.
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