Jueves, 23 de febrero 2023, 17:55
Ante el escándalo del “fevemocho”, con los trenes encargados para Asturias y Cantabria con un ancho métrico que no les permitía pasar por algunos túneles e infraestructuras de la zona, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha tratado de acallar la polémica extendiendo la gratuidad ... de las cercanías ferroviarias en ambas regiones hasta que los nuevos convoyes estén listos, lo que ocurrirá, como muy pronto, en el primer semestre de 2026. El retraso que se prevé en la incorporación de los nuevos trenes es de dos años —la fecha inicial para su puesta en marcha era 2024—. Es exactamente la misma demora que acumulan ya las obras de electrificación de la línea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro, pero para los salmantinos el Gobierno de Pedro Sánchez no contempla ningún tipo de contraprestación.
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No es la única similitud con la polémica que le ha costado el cargo al presidente de Renfe, Isaías Táboas, y a la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera. También se trata de un problema de dimensiones de los pasos inferiores por los que pasan los trenes. En Salamanca, a pesar de que los trabajos tenían que estar concluidos en enero de 2021, aún no se han reformado algunos puentes y túneles, para darles más altura y adecuar los gálibos a las nuevas necesidades que exige la instalación de la catenaria. Ciertamente hoy resulta ya imposible compensar a la provincia con la gratuidad de los trenes que pasan por esta vía, porque los convoyes de viajeros que circulaban por ella, los que conectaban con Portugal y pasaban por Ciudad Rodrigo y otros municipios de la provincia, se suspendieron al inicio de la pandemia y el Ejecutivo nacional no ha querido restablecerlos en tres años. Y tampoco tiene ninguna previsión de recuperarlos, según las últimas respuestas en el Congreso de los Diputados.
A la espera de un modificado
Adif dividió en tres fases el proyecto de electrificación de la vía férrea hasta la frontera con Portugal. La instalación de la catenaria en todo el trazado se adjudicó a principios de 2018 por 31,7 millones de euros —el pasado agosto se elevó el coste del contrato en otros 2,6 millones—. En mayo de ese mismo año, adjudicó también la construcción de las subestaciones y centros de transformación, además del control remoto de las instalaciones y el mantenimiento. En este segundo caso, el importe de los trabajos ascendía a 25,8 millones de euros, al que el Ministerio sumó en diciembre de 2021 un sobrecoste de 1,1 millones más. La primera de esas fases debería haber concluido en 18 meses —en el verano de 2019—, y la segunda en 42 meses —finales de 2021—, aunque posteriormente se concedió una prórroga de ocho meses.
Pero la más problemática de las fases, a pesar de ser la de menor coste, es la adecuación de gálibos, la modificación de alturas de puentes y túneles para instalar la catenaria. El contrato para su ejecución se firmó con una unión temporal de empresas el 20 de enero de 2020 por casi 5 millones de euros. Se trata de la intervención que supuestamente requería menos tiempo. Iba a estar lista en solo un año, a principios de 2021. Sin embargo, se paralizó poco después de comenzar para realizar un modificado del proyecto, por el que aún se sigue esperando dos años después de la fecha en la que las obras debían estar concluidas. Según fuentes sindicales, el documento ya está redactado. Sin embargo, los trabajos siguen casi paralizados.
La promesa del Gobierno era acabar las obras en 2020, los plazos de los contratos las alargaron hasta finales de 2021 y la realidad es que hoy continúan sin ejecutar y los Presupuestos del Estado fechan la culminación en 2027.
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