Lunes, 11 de octubre 2021, 16:11
El Ministerio de Justicia parece que por fin ha decidido desbloquear el proyecto de rehabilitación de la Audiencia Provincial después de que haya estado prácticamente paralizado durante más de un año. Y lo ha hecho porque al fin ha decidido cuál será una de las sedes que albergarán los órganos judiciales que en la actualidad se encuentran en el Palacio de Justicia mientras duren las obras de este inmueble, que data de los años 50. El lugar elegido es la antigua sede del MOPU en el paseo Torres Villarroel 21-25, que actualmente alberga aún algunos servicios de Fomento.
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La elección del nuevo emplazamiento se produce después de meses de espera, ya que el Ministerio de Justicia optó en un principio por hacer obras en un edificio de Gran Vía anexo a la Audiencia Provincial para que sirviera de sede temporal mientras durara la reforma del Palacio de Justicia. Sin embargo, y una vez contratados e iniciados los trabajos para adaptar el inmueble anexo, se dio cuenta de que las instalaciones no iban a permitir acoger todos los órganos que hay en la actualidad en la Audiencia. Uno de los principales escollos, por ejemplo, era que la sala de vistas sería muy pequeña para el tipo de juicios que alberga el máximo órgano judicial de Salamanca.
La búsqueda de un nuevo emplazamiento, por lo tanto, comenzó de nuevo, lo que ha supuesto acumular más retraso a un proyecto que lleva años aparcado en los cajones del Ministerio. De momento, el Gobierno ya ha adjudicado la asistencia técnica para la redacción del proyecto de adecuación del edificio de Torres Villarroel, por lo que es de esperar que aún tarde varios meses más en licitar las obras.
En principio, los servicios judiciales ocuparán varias de las plantas de este inmueble. En principio irían a Torres Villarroel el Juzgado y la Fiscalía de Menores, además de otras unidades que están actualmente en el Palacio de Justicia. El Ministerio señala que también habrá espacios para la futura creación de nuevos órganos judiciales. En cuanto al anexo de Gran Vía, el departamento ministerial prevé ubicar allí la Audiencia Provincial y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
El retraso sucedido con la elección de las sedes temporales no es el único que ha sufrido el proyecto para rehabilitar la Audiencia Provincial. En septiembre de 2018 se licitó la redacción del proyecto y dirección de las obras. El plazo para presentar ofertas se cerró a finales de octubre de ese mismo año y un mes después se evaluaron los criterios evaluables presentados por las empresas. Sin embargo, la apertura de las pujas económicas de las compañías interesadas y la adjudicación no tuvo lugar hasta febrero de 2020, 16 meses después, cuando lo habitual en este tipo de contratos es que no dure más de medio año. Desde entonces ha pasado otro año y medio y tampoco ha licitado las obras de la reforma. El Ministerio argumentaba que debía encontrar antes una sede temporal, trámite que se ha alargado más de lo debido. Una vez resuelto este problema, sigue sin atreverse a dar una fecha.
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