La Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia de Género en Salamanca (Adavas) presentó hace unas jornadas el balance de actuaciones que ha llevado a cabo durante el primer semestre del año.
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Entre las componentes del equipo que ofrecen ayuda a las y los agredidos se encuentra la abogada Manuela Torres, la cual remarca el vacío de protección al que siguen haciendo frente las víctimas a la hora de recibir protección oficial: “En Salamanca solo se otorga protección a 4 de cada 10 víctimas de violencia de género a la vez que se hacen campañas pidiendo a las mujeres que lo sufren que denuncien”.
Torres hace referencia al dato que determina que la minoría de mujeres que denuncian reciben protección, aunque recuerda que “la denuncia es un instrumento más, pero no el único”. “Denunciar no es obligatorio si la mujer no está preparada en ese momento, nosotras estamos aquí para ayudarlas a nivel profesional”, señala Torres.
Y es justo esto, tender la mano, lo que han hecho con un total de 93 víctimas desde que comenzó el año: 55 de ellas sufrían violencia de género y 38 eran víctimas de cualquier tipo de violencia sexual.
Además de destacar un aumento en el número de actuaciones que han llevado a cabo desde 2018, la abogada extrae de las estadísticas un dato desalentador: el 58% de los casos de delitos sexuales atendidos eran menores en el momento de la agresión. Y en casi la totalidad (96%) los agresores pertenecían al entorno de la víctima.
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“Aquí se rompe la creencia de que las agresiones se producen por asalto en la calle. Aunque también puede haber alguna, son las que más alarma social crean y en número son muchas menos”, señala Torres. “Los agresores son familiares, amigos, vecinos del pueblo o gente con la que están en contacto”, confirma atendiendo a las estadísticas.
En total, Adavas ofreció asistencia durante los primeros seis meses del año a un total de 20 menores, 17 de ellas por delitos relacionados con la violencia y el abuso sexual. En cuanto a malos tratos, los datos también rompen falsas creencias en el sentido de que las víctimas “no tienen vinculación económica con su agresor”.
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