Sábado, 6 de marzo 2021, 18:00
La suspensión de las clases de marzo a junio no ha frenado lo que continúa siendo una lacra social. Aunque los casos de acoso escolar de forma presencial se redujeron a la mitad, el ciberacoso en la provincia se disparó el curso 2019-2020 con once casos, mientras que en el periodo anterior tan solo hubo uno. Estas cifras sitúan a Salamanca a la cabeza de Castilla y León, tan solo por detrás de Burgos (13 casos).
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Esto es lo que se desprende del informe ‘La convivencia en los centros de Castilla y León’, elaborado anualmente por la Junta y que ayer dio a conocer la consejera de Educación, Rocío Lucas. Aunque el ciberacoso prácticamente se incrementa en todas las provincias, es en Salamanca donde se registra un mayor aumento, con diez casos más confirmados respecto al curso 2018-2019. Por el contrario, los casos de acoso de forma presencial se reducen a la mitad, pasando de seis a tres. De la misma forma, bajan notablemente los posibles casos de acoso detectados en centros salmantinos: el pasado curso se apreciaron 26 frente a los 37 ‘investigados’ en 2018-2019.
En líneas generales, los datos registrados en Salamanca -a excepción del importante crecimiento del ciberacoso- representan la tónica general de la Región, pues analizando Castilla y León se observa un descenso del número de posibles casos de acoso (de 354 a 271) y de acoso confirmado (de 54 a 20), mientras que el ciberacoso aumenta de 38 a 40 casos. En cuanto a los perfiles, el acoso sigue teniendo un perfil masculino; sin embargo, el ciberacoso se da en los mismo niveles en hombre y mujeres.
Al respecto, la consejera de Educación mencionó que la convivencia escolar en Castilla y León continúa “gozando de buena salud”. La conflictividad sigue siendo baja y las incidencias de carácter grave vuelven a tener un carácter puntual y están muy localizadas”, dijo.
Sin embargo, Csif exige a la Junta reforzar el apoyo jurídico al profesorado y la ciberseguridad. El sindicato exige además que se ponga en marcha lo establecido en la nueva ley educativa (LOMLOE), en el que se pide a las administraciones que regulen protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra manifestación de violencia. “Durante el confinamiento han sido numerosas las quejas que llegaban a Csif en relación con las disrupciones en la enseñanza online, violación de la intimidad o uso indebido de la imagen del profesorado”, reconocen.
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