Viernes, 10 de febrero 2023, 22:23
Tras esperar al menos tres semanas para ser atendido en el Centro de Atención e Información (CAISS) del paseo de Canalejas, la solicitud de jubilación presentada por un salmantino se envía a las oficinas de Gerona, Bilbao u otra ciudad de España para que la tramiten. Puede incluso, como ya ha ocurrido que, a mitad de proceso, se derive a otro lugar, como Almería, para fiscalizarla, trámites que antes siempre se hacían en la misma provincia. ¿El resultado? Una media de mes y medio de espera para que el ciudadano obtenga la resolución. Esta deslocalización que el ministro José Luis Escrivá avaló como “solución” para acabar con el colapso en el que está sumida la Seguridad Social, lejos de reducir las esperas, en Salamanca las ha aumentado, según confirman trabajadores del propio servicio. Si antes este procedimiento se resolvía habitualmente en 15 días, ahora se tarda el triple, salvo que haya suerte y la resolución del propio expediente recaiga en esta misma provincia.
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Después de que el pasado enero el Defensor del Pueblo “tirase de las orejas” por segunda vez al Ministerio por “las deficiencias apreciadas en los servicios de atención a la ciudadanía” que los “alejan mucho de la necesaria prestación de un servicio público efectivo y de calidad”, Escrivá tiene un nuevo plan de choque. Aunque ayer estaba prevista una reunión en Salamanca en la que se iba a exponer a los trabajadores, finalmente se ha retrasado al próximo miércoles. Pero las instrucciones que se van a dar al personal ya han trascendido. La más polémica de las medidas, según informan fuentes de CSIF, es la orden de que el tiempo de atención al ciudadano sea inferior a diez minutos y, en ningún caso, supere los quince. Sin que ni siquiera se les haya comunicado oficialmente, ya ha generado el descontento entre el personal que lo considera un tiempo “insuficiente” y augura más quejas a la administración por una deficiente atención. En paralelo, se reforzará la atención en horario de tarde, que los sindicatos ya consideran una vulneración de la negociación colectiva que modifica el calendario laboral de organismo. Por otra parte, tras reiteradas quejas durante meses, se empezará a atender presencialmente y sin necesidad de cita previa a los mayores de 65 años y a la población vulnerable por la brecha digital. De hecho, en los últimos días y ante la imposibilidad de conseguir cita previa, en las dependencias de la capital del Tormes ha aumentado el número de ciudadanos que se presentan directamente en las oficinas de Canalejas pidiendo que alguien les atienda.
Pero la atención presencial tampoco garantiza una rápida resolución. Tras el ‘macroconcurso’ de traslados del pasado año que afectaba a gran parte de la Administración General del Estado, en las últimas semanas se han incorporado al centro de atención al público empleados públicos sin experiencia —algunos llegan, por ejemplo, de Correos— y que en algunos casos no tienen ni código para acceder al ordenador, aseguran trabajadores. A través de ese proceso, empleados del CAISS se han marchado también a otras dependencias. Y, solo en julio se jubilaron, al menos, tres trabajadores de una plantilla inferior a 20 personas, según aseguran fuentes sindicales
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