Domingo, 7 de agosto 2022, 13:29
La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética establece que los municipios de más de 50.000 habitantes, como Salamanca, deben establecer una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) antes de 2023. El área en la que se podrá restringir la entrada de los vehículos más contaminantes ya está clara, la “almendra” central de la ciudad, delimitada por San Vicente, Rector Esperabé, Canalejas, Mirat y Carmelitas. Por tanto, el Ayuntamiento llegará a tiempo para implantarla. No obstante, para hacer cumplir las normas que regirán en ella es necesario contar con una ordenanza, cuya aplicación puede demorarse un año más, hasta el 31 de diciembre de 2023, cuando concluye el límite que el Consistorio tiene para justificar la inversión de los 6,5 millones de euros de fondos europeos que ha obtenido para habilitar la ZBE. Antes de 2024 debería estar instalado el sistema de control de accesos mediante cámaras, necesario para que la Policía Local pueda hacer cumplir la norma de una forma efectiva. Aún así, la Concejalía de Tráfico, a cuyo frente está el edil Fernando Carabias, ha abierto una consulta pública a los ciudadanos para que den su opinión sobre las normas que deben regir en la zona de bajas emisiones. Durante todo agosto, pueden realizarse propuestas a través del registro electrónico o presencialmente en la oficinas de Atención Ciudadana.
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De momento, el Consistorio no cuenta con un borrador propio de la norma, sino que toma como referencia la normativa tipo que ha difundido la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que existen muchos vacíos que cada consistorio debe definir en función de las peculiaridades de su ciudad. La creación de las ZBE y las experiencias de Madrid y Barcelona han despertado la preocupación en los conductores que dudan si podrán seguir accediendo con sus vehículos al centro histórico de la ciudad como hacían hasta ahora. Pero en Salamanca la situación es diferente a la de esas grandes capitales. En primer lugar, la mayor parte de las calles incluidas en la zona de bajas emisiones de la capital del Tormes ya son peatonales, por lo que la circulación ya está restringida. Aún así, existen importantes arterias en las que hasta el momento no hay ninguna restricción, como Gran Vía, Rector Esperabé y Canalejas. No obstante, el modelo de ordenanza de la FEMP deja bastante “manga ancha” para que los ayuntamientos sean más o menos restrictivos.
Los gasolina matriculados antes del 2000 y los diésel anteriores a 2006, los primeros en ser expulsados del centro
De momento, los únicos vehículos cuyo acceso a la ZBE tendrá fecha de caducidad serán los considerados contaminantes, aquellos que no tienen distintivo de clasificación ambiental. Se trataría de los de gasolina matriculados antes del 2000 y de los diésel matriculados antes de 2006. Aún así, podrán contar con un permiso temporal para entrar hasta una fecha que establece cada ayuntamiento. Por otra parte, la zona de bajas emisiones tiene un tiempo de aplicación que también es necesario establecer. Puede ser permanente o temporal, funcionar solo unos determinados meses, días y horas, y establecer unas restricciones concretas en función de los niveles de contaminación del aire, que en la capital del Tormes suelen mantenerse en parámetros mucho más bajos que en las grandes ciudades. Después de los contaminantes, los siguientes a los que se podría limitar el acceso serían los de distintivo ambiental B, como turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas entre enero de 2000 y 2006, y los diésel de enero de 2006 a 2014.
¿Qué dice la ordenanza de la FEMP?
La Federación Española de Municipios y Provincias ha facilitado un modelo de ordenanza que establece desde el importe de las sanciones hasta los vehículos a los que se puede dar una autorización temporal de acceso, pero deja a las entidades locales los plazos de aplicación de la norma.
Multas de hasta 500 euros. La normativa tipo que propone la Federación Española de Municipios y Provincias establece sanciones de hasta 500 euros. Considera infracciones leves saltarse la prohibición de que circulen o estacionen vehículos contaminantes por la ZBE. En ese caso, la multa sería de 100 euros. Si se produce una segunda denuncia por estos motivos en el mismo mes, o se accede a la zona de especial protección, la infracción pasa a ser grave (200 euros). Y en el de que haya tres o más denuncias en un mes, sería muy grave (500 euros). Se contempla incrementarlas hasta un 30% cuando la reinicidencia sea aún mayor.
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Un registro de vehículos eximidos. Con independencia del distintivo ambiental del que dispongan, los ayuntamientos habilitarán un registro de vehículos autorizados a acceder, circular y estacionar en la zona de bajas emisiones. En él, se podrán inscribir, según los criterios de la FEMP y que el Consistorio charro puede ampliar, los vehículos dedicados al transportes de personas con movilidad reducida; los servicios públicos, esenciales o críticos; y los dedicados a llevar personas con enfermedades que les imposibilitan a usar transporte público. Aunque se pueda establecer una fecha tope para poder circular por la ZBE, inicialmente se permitirá muy posiblemente circular a los vehículos blindados, de limpieza, autoescuelas, grúas o servicios funerarios, entre otros. Indudablemente, el Ayuntamiento también tendrá que establecer una serie de facilidades, al menos, durante los primeros meses o años de aplicación, para que los residentes, con independencia del distintivo de su vehículo, puedan acceder hasta sus viviendas, aunque esto no les dé vía libre para circular o estacionar en todo el ámbito.
¿Con qué distintivo ambiental se puede entrar? La FEMP deja que cada ayuntamiento decida con qué distintivos ambientales se podrá acceder a la zona de bajas emisiones. A los que está claro que se prohibiría primeramente el acceso será a los vehículos sin distintivo ambiental. En definitiva, lo que harán las entidades locales es establecer un calendario para ir expulsando poco a poco los vehículos más contaminantes.
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