La avalancha de críticas a una Ley de Vivienda que no ha visto aún la luz han sido muchas, entre ellas de la propia Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca. Ambas administraciones critican las políticas intervencionistas del Gobierno en el mercado inmobiliario y la falta de diálogo, más cuando algunas de las medidas más polémicas quedan en sus manos.
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El Ayuntamiento de Salamanca es el más rotundo en su postura. Critica la política de vivienda del “Gobierno socialcomunista” por ineficaz y califica el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos como un “caramelo” para contentar a sus socios, pero que es “contraproducente y suele conducir al encarecimiento de los alquileres”, además de incidir en que “las políticas populistas están condenadas al fracaso”. Además, deja claro que, en lo que a las competencias que la ley confiere a los ayuntamientos, la posibilidad de recargar hasta un 150% el IBI a las viviendas vacías, descarta su aplicación: “A la espera de saber cuál será la regulación definitiva, y a la vista de la información adelantada, no podemos sino manifestar nuestro desacuerdo profundo y el rechazo a la aplicación de tal tipo de medidas en el ámbito de nuestras competencias”.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, también expresó en su cuenta de Twitter su rechazo a “las políticas intervencionistas de Sánchez”, además de reclamar que las comunidades sean tenidas en cuenta en la elaboración de la norma. Recordó que su administración aboga por otro tipo de medidas, como ayudar a las personas con más dificultades. Puso como ejemplo las 63.000 familias que han recibido ayudas para el alquiler desde 2015, la reducción del 50% de la renta para los inquilinos del parque público de viviendas o las ayudas para comprar una casa en el medio rural.
Oposición total del PP
Aunque la Junta no ha confirmado de manera oficial que descarta declarar la figura de zona tensionada, competencia que le otorgará la futura ley, se da por hecho que no lo hará, ya que el líder de los populares, Pablo Casado, anunció ayer que allí donde gobierne el PP no se aplicará la norma. El presidente del PP, avanzó también que su partido va a recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional, al igual que hizo hace un año con una similar aprobada en Cataluña, porque ataca la libertad y la seguridad jurídica y supone un intervencionismo que es “suicida” porque “lo que va a hacer la gente es no poner pisos en alquiler” y “va a subir el precio”.
Sánchez aboga por un acuerdo
Tras conocer las palabras del líder de la oposición, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió que la futura Ley de Vivienda que impulsará el Gobierno será “comprometida en lo social” y “responsable y equilibrada” desde el punto de vista del respeto “absoluto” de la propiedad privada, e instó al PP a darle una “oportunidad” y construir en torno a esta norma un “acuerdo de Estado” para garantizar el derecho constitucional a la vivienda. “Yo le pediría a la oposición que leyera el texto antes de anunciar que va a recurrirlo al Constitucional y que le diera una oportunidad”, insistió. Es más, defendió que el acceso a la vivienda es una problemática que “afecta al conjunto de la ciudadanía, por encima de las ideologías”.
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