Jueves, 11 de febrero 2021, 11:14
Carlos Fernández Carriedo (Monzón de Campos, Palencia, 1963) sabe que tan dura es la crisis económica como la sanitaria, pero defiende que mientras el Gobierno de España mira para otro lado, la Junta ha sacado ayudas directas para apoyar a los sectores más afectados a pesar de las limitaciones que tiene una administración sola, que además tiene competencias directas en Sanidad, Servicios Sociales y Educación. El consejero de Economía ataca al Ejecutivo de Sánchez por hacer un reparto de los fondos europeos político que perjudica a Castilla León.
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-¿Considera que el reparto de los fondos europeos ha sido más político que equitativo?
-Los datos hablan por sí solos: a Castilla y León le toca el 3,35%, cuando representa el 5,1% de la población, y el 18,6% de la superficie. Es evidente el perjuicio. Cuando la media de España son 213 euros por habitante y en Castilla y León nos dan 128, es evidente que el reparto no es justo. Si se hubiera repartido de acuerdo al sistema de financiación autonómica nos hubieran correspondido casi 600 millones y así nos tocan solo 335. Es evidente que el Gobierno ha hecho un reparto que perjudica a las comunidades que hemos hecho mejor las cosas y las que tenemos más problemas demográficos.
-¿El Gobierno les ha explicado los criterios del reparto?
-Nos han dicho que los criterios son dar más dinero a las comunidades que están teniendo más problemas con la crisis, las que están haciendo peor las cosas y eso nos parece profundamente injusto porque se perjudica a los que estamos teniendo una caída de la economía menos intensa que la media española y los que estamos conteniendo mejor las cifras de paro. Pero no ha habido una comunicación ni una información previas de cómo se iba a repartir ni se ha contado con las comunidades.
-¿En qué medida se ha beneficiado a comunidades donde gobiernan partidos de los que depende Pedro Sánchez?
-Bueno sin entrar en los motivos por los que se ha hecho este reparto, sí digo que las comunidades más perjudicadas somos las que tenemos más dispersión territorial, más territorio, las que tenemos una población de más edad y se ha beneficiado más a las comunidades de las que depende políticamente el Gobierno de España, a las que Pedro Sánchez está dedicando una atención más especial, pero no quiero pensar que ha sido una decisión pensada y meditada.
“Bajo el epígrafe de armonización fiscal de lo que estaríamos hablando es de subida de impuestos. Nosotros estaríamos dispuestos a escuchar a la ministra si quisiera hablar de cómo se bajan los impuestos ”
-¿Las elecciones catalanas pueden haber influido?
-Quiero pensar que no, que el Gobierno va a reflexionar y se va a dar cuenta de que la distribución de los fondos se tiene que hacer por criterios objetivos y transparentes y que tiene que haber un criterio de solidaridad. Los fondos no son del Gobierno.
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-¿El reparto se debería haber hecho sobre un modelo de financiación autonómica, aunque tampoco sea bueno para Castilla y león?
-Es verdad que estamos en contra del modelo de financiación autonómica, pero por lo menos había un modelo de reparto de fondos. Este modelo se cambia, pero no es para reconocer el mayor gasto y el mayor coste que tiene la prestación de servicios en el territorio cuando hay más dispersión territorial y mayor envejecimiento, sino todo lo contrario. Se produce una doble injusticia: se genera un desequilibrio en el reparto de los fondos y ese desequilibrio genera desigualdad con las comunidades que tenemos más coste en la prestación de los servicios.
-¿Cuándo se abordará la reforma de la financiación autonómica, de la que se lleva hablando desde hace ya demasiados años?
-A nosotros nos gustaría que cuanto antes y que se tuviera en cuenta la opinión de todas las comunidades. Creo que un problema grave de este reparto de fondos es que lo ha decidido el Gobierno sin escuchar a las comunidades o al menos no a todas. Hemos pedido un Consejo de Política Fiscal urgente para que tengamos la oportunidad de que opinemos y de que haya un acuerdo en el reparto de estos fondos. La reforma del sistema de financiación tiene que ser algo parecido: sea cual sea su resultado sería bueno que fuera pronto y, sobre todo, que fuera justa, solidaria y contando con todas las comunidades.
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-¿Usted cree que hace falta en Castilla y León un partido “independentista” fuerte para que el Gobierno de España tome en serio nuestras reivindicaciones?
-Nosotros somos exigentes, lo que hace falta al otro lado del teléfono es un Gobierno de la nación que escuche, que sea sensible y que actúe con criterios de equidad y de solidaridad. Eso es lo que necesitamos. Nosotros vamos a seguir defendiendo con firmeza los intereses de Castilla y León, es lo que hemos hecho siempre y lo que hace falta es que al otro lado tengamos a alguien que escuche, que entienda nuestros problemas y que no actúe con criterios políticos.
“Somos exigentes, lo que hace falta es un Gobierno que escuche, que sea sensible y que actúe con criterios de equidad y solidaridad. Nosotros vamos a seguir defendiendo con firmeza los intereses de Castilla y León”
-Montero quiere abordar la armonización fiscal, ¿son partidarios?
-Bajo el epígrafe de armonización fiscal de lo que estaríamos hablando es de subida de impuestos. Nosotros estaríamos dispuestos a escuchar a la ministra si quisiera hablar de cómo se bajan los impuestos para todos los españoles y de cómo, en definitiva, hacemos que haya más posibilidades de crear empleo y de crecer económicamente, pero de lo que quiere hablar la ministra es de todo lo contrario, de cómo subir impuestos. Ya lo está haciendo donde tiene responsabilidades que es en los impuestos de ámbito nacional, porque ha subido impuestos que nos perjudican claramente a Castilla y León como el impuesto sobre el ahorro, el impuesto sobre el azúcar y sobre los automóviles. Lo que no queremos es que nos obliguen a las comunidades a subirlos cuando nosotros estamos dispuestos a bajarlos. Es lo que hemos hecho con el Presupuesto. Es un Presupuesto que no sube impuestos y que baja algunos que afectan directamente al mundo rural: creamos una deducción del 95% de la tasa ganadera y bajamos un 25% el impuesto de transmisiones patrimoniales cuando se transmite un bien inmueble para un uso de una actividad productiva en el mundo rural. Esto es importante porque favorecemos el empleo en el mundo rural. El impuesto medio de transmisiones patrimoniales en Castilla y León es el 8%, en otras comunidades autónomas es el 10 %. En el mundo rural, cuando haya una transmisión de un bien inmueble que afecte a una actividad productiva, se va a pagar solo el 3%. Justo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno, que ha subido el 4,5% los automóviles con el incremento del impuesto de matriculación.
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-¿Por qué han renunciado a la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones?
-Nuestra intención es eliminar ese impuesto porque nos parece profundamente injusto y además es contrario al crecimiento económico y al empleo. Lo que hemos hecho no es renunciar a la eliminación del impuesto, sino retrasar su eliminación. El presidente Alfonso Fernández Mañueco me dio la instrucción de iniciar los trámites para su eliminación. El Gobierno se constituyó en agosto y antes de acabar 2019 habíamos presentado el proyecto de ley a las Cortes para su eliminación -habíamos pasado todos los trámites del Consejo Económico y Social, el Consejo Consultivo, los informes jurídicos- y las primeras semanas de 2020 se pasaron todos los trámites de enmienda a la totalidad en las Cortes -fue enmendado por la oposición de izquierdas que es contraria a la eliminación de este impuesto-, los trámites de ponencia y comisión y cuando iba a ir al pleno para su aprobación definitiva, se aprobó el Estado de Alarma y lógicamente quedó todo paralizado y la gran prioridad ahora es financiar los costes derivados de la pandemia. Tuvimos que incrementar nuestros profesionales sanitarios, multiplicar el número de camas UCI, adquirir respiradores, equipos de protección individual y eso ha tenido un enorme coste, no solo en sanidad, también en servicios sociales y en Educación, donde hemos hecho una distribución de aulas para disminuir el número de alumnos que lógicamente tiene un mayor coste. Ahora mismo nuestra prioridad es también apoyar a los sectores productivos con más problemas. Eliminarenos el impuesto en cuanto las condiciones lo permitan.
-El sector de la hostelería es uno de los más perjudicados y se queja de las escasas ayudas directas que recibe.
-Nos han pedido tres cosas a las administraciones públicas: reducción de los impuestos a la hostelería, que aquí en Castilla y León no tenemos, otras comunidades sí los crearon. Pero sí es razonable que el Gobierno reduzca el IVA o tenga un tratamiento especial con los seguros sociales que pagan tanto los autónomos de la hostelería como el personal por cuenta ajena. Hay impuestos municipales, como el IBI o el de ocupación de vía pública de las terrazas y ahí la verdad es que el Ayuntamiento de Salamanca es un ejemplo de sensibilidad, pero no todos son igual. Luego estaban las medidas de apoyo financiero. Nosotros tenemos un buen número de ellas, por ejemplo, los créditos de dos años de carencia y sin ningún tipo de interés.
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“Ángela Merkel ha sido capaz en un Estado Federal de poner en marcha ayudas importantes y aquí nadie puede entender que el Gobierno no hay querido dar ayudas directas a los sectores más afectados”
-Pero ya no quieren más créditos que tengan que devolver, piden ayudas directas.
-Nosotros hemos sacado esas ayudas directas. Teníamos ya en marcha ayudas directas a la compra de equipos de protección individual y colectiva, de inversiones en las terrazas para que se pueda realizar la actividad y lo último que hemos sacado son 20 millones de euros en ayudas directas para el mantenimiento de la actividad y el empleo. Es verdad que se necesitarían más, pero no lo hace el Gobierno de España y una administración pública sola es insuficiente para solucionar estos problemas. Hay que tener en cuenta que la Junta es además la competente en la lucha contra la pandemia y en materia de gasto sanitario, de servicios sociales o de educación.
-¿Por qué no han sido capaces de ponerse de acuerdo para establecer unas ayudas como, por ejemplo, Alemania que llegan al 80% de la facturación?
-Es inexplicable que Pedro Sánchez no haya querido saber nada. Ángela Merkel ha sido capaz en un Estado Federal de poner en marcha ayudas importantes y aquí nadie puede entender que el Gobierno no haya querido dar ayudas directas a los sectores más afectados. Y aquí, la Junta no se ha querido quedar parada y hemos sacado ayudas directas a sabiendas de que sólo con el esfuerzo de la Junta no llega para compensar todas las pérdidas que han tenido. Nosotros se lo hemos pedido al Gobierno y le hemos ofrecido ir de la mano para actuar conjuntamente y llegó un momento en que vimos que el Gobierno no quería y hemos tenido que poner en marcha nuestras propias iniciativas.
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“Las relaciones dentro del Consejo de Gobierno son muy buenas”
-¿Usted cree que el reparto de vacunas está siendo justo o también hay un desequilibrio político intencionado?
-Nosotros lo que hemos pedido es que se realice conforme a las condiciones de los grupos que iban recibiendo estas vacunas. El próximo, después del de residencias, sanitarios y grandes dependientes, serán el de los mayores de 80 años y lo que pedimos es que se distribuyan en función del sector al que se va a vacunar y no de la población. Castilla y León tiene el porcentaje más alto de vacunas puestas y por tanto, si hubiéramos recibido más, hubiéramos puesto más. Entiendo las dificultadas, pero el reparto tendría que haber tenido en cuenta el grupo al que se va a vacunar. No tanto la población. Nuestras infraestructuras están preparadas para recibir y administrar más vacunas
-¿Cómo son las relaciones con sus socios de Gobierno en la Junta, fundamentalmente con el vicepresidente Igea?
-Las relaciones son muy buenas. En muchas ocasiones apenas se encuentran diferencias entre las visiones de ambos partidos. Las diferencias tienen más que ver con las áreas que lleva cada uno de los consejeros que con el partido al que pertenecemos.
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-¿Hay desencuentros por el asunto de las restricciones para parar los contagios?
-No. Todos coincidimos en que la prioridad es solucionar el problema sanitario, porque no hay crecimiento económico sin salida de la crisis sanitaria y cuando a veces pueda haber matices tienen mucho más que ver con la responsabilidad de las diferentes áreas de cada consejero, que lógicamente acaban influyendo en la perspectiva de cómo ve uno el sector más directamente relacionado con cada consejería. Eso es un Gobierno donde las diferentes aportaciones vienen mucho más de escuchar a los sectores y esto nos lleva al final a tomar decisiones conjuntas, pero todos tenemos muy claro que no hay salida económica de la crisis si no hay salida sanitaria.
-Dicen que el presidente Mañueco es más proclive a compatibilizar las medidas sanitarias con el mantenimiento de la actividad económica y que Igea y Casado nos quieren volver a encerrar en casa, ¿es cierto?
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-Todos buscamos lo mismo: resolver la pandemia, que el impacto en términos de vidas humanas sea el menor posible, que cuanto antes salgamos de esta situación y que esto contribuya también cuanto antes a crear empleo. Precisamente el hecho de que en Castilla y León estemos haciendo las cosas mejor que en otros sitios está influyendo en que el impacto de la crisis, siendo importante, esté siendo menor en Castilla y León en términos de PIB y de empleo que la media española.
-¿Durará el pacto toda la legislatura?
-Estoy convencido. En el Gobierno estamos trabajando muy bien y creo que va a durar porque lo que estamos haciendo desde la Junta es bueno para las personas de Castilla y León y cuando se hacen cosas que dan resultado, es que hay una tarea que está siendo útil.
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-¿Usted es más de Feijóo o de Ayuso, digo en cuanto a la gestión de la pandemia?
-Yo soy más de Alfonso Fernández Mañueco.
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