Viernes, 29 de enero 2021, 10:03
La denuncia contra la Junta de Castilla y León de 14 empresarios del ocio nocturno de Salamanca ha sido admitida a trámite por cerrarles los negocios en agosto, cuando no estaba en vigor el estado de alarma. El Tribunal Superior de Justicia dirimirá si tienen la razón y si los empresarios tienen derecho a percibir indemnizaciones por el cierre decretado tras el incremento de los contagios en verano, tal y como explican algunos de los demandantes a este periódico.
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Por otro lado, la asfixia económica ha llevado a un grupo de hosteleros salmantinos a gestionar la presentación de reclamaciones de responsabilidad patrimonial a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España por las pérdidas ocasionadas por las restricciones. Son varios despachos los que asesorarán y llevarán inicialmente las reclamaciones, que si no se atienden en un plazo de seis meses se elevarán al juzgado correspondiente.
Los demandantes tendrán que justificar el daño que le han ocasionado las decisiones de las instituciones y lo que han dejado de ganar. Para ello deberán presentar las ganancias y la facturación de los tres años anteriores para estimar las pérdidas a través de un informe pericial contable. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico prevén que si la vía administrativa no prospera, en año y medio ya se pueda celebrar el juicio. Además, avanzan que la estrategia en primer lugar será la de reclamar las pérdidas económicas provocadas en 2020, para después exigir las del presente ejercicio “ya que el plazo para demandar la compensación del daño es de un año desde que acaba el perjuicio”, que aún no ha concluido ya que las restricciones de momento continuarán.
Pero los hosteleros no son los únicos afectados por esta delicada situación provocada como consecuencia de las restricciones impuestas por la Junta de Castilla y León para tratar de cortar los efectos del coronavirus. El sector de los gimnasios también ha tenido una reunión a nivel nacional para contratar un gabinete especializado en derecho administrativo hacia el que se derivarán todas las reclamaciones de cada negocio. En este caso las demandas también serán individuales atendiendo a las pérdidas que pueda demostrar cada negocio. “Se ha provocado la ruina a nuestro colectivo y lógicamente las comunidades y el Ejecutivo tienen una responsabilidad patrimonial por las decisiones que toman”, señala el presidente de la Asociación de Empresarios de Gimnasios y Centros Deportivos de Salamanca, Javier Sanz. “Nos han cerrado sin que nos justifiquen nada”, denuncia. Cabe destacar que en Salamanca hay cerca de 60 centros de este tipo que emplean a un millar de trabajadores que “lógicamente harán uso de esta herramienta”, augura Sanz. El sector hostelero reconoce que hasta ahora había miedo a demandar a la Administración, pero tras no recibir ayudas suficientes han dado el paso. “A priori todo el mundo tiene derecho a reclamar y es lógico que las demandas se admitan porque las pérdidas son claras”.
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