Domingo, 1 de mayo 2022, 21:32
El Ayuntamiento de Salamanca no puede perder tiempo si no quiere que el Ministerio de Transportes le prive de los 6,5 millones de euros de fondos europeos —o de una parte de ellos— destinados a crear la zona de bajas emisiones (ZBE), el área vetada a los vehículos contaminantes con la que las ciudades de más de 50.000 habitantes están obligadas a contar por ley desde 2023. Para cumplir los plazos, tiene que embarcarse ya en las nuevas peatonalizaciones previstas en el centro de la ciudad. Por ello, el próximo martes dará el visto bueno a cuatro proyectos para remodelar 23 calles y dejarlas con plataforma única —sin desniveles entre aceras y calzada— y sustituir el aglomerado asfáltico por adoquines y baldosas. Y, con la misma urgencia, aprobará la creación del nuevo tramo de carril bici que conectará la calle Alfonso de Castro con la avenida de Mirat.
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La propia ministra, Raquel Sánchez, se ha dado cuenta de que las condiciones exigidas a los ayuntamientos para recibir las ayudas para la implantación de zonas de bajas emisiones con cargo a los fondos europeos eran casi imposibles de cumplir. Sin que Transportes haya publicado aún la resolución definitiva de los municipios que recibirán las subvenciones, ayer era la fecha tope inicial para haber licitado el 80% de las obras que iban a financiar con ellas. En el caso del Consistorio charro, que tiene confirmada provisionalmente la llegada de 6,5 millones de euros de fondos “Next Generation”, debería haber iniciado ya la contratación de trabajos por más de cinco millones de euros. Ante este calendario casi imposible de cumplir, en una orden publicada el pasado martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Ministerio reconoce que la demora que acumula en esta convocatoria “dificulta en gran medida que las entidades beneficiarias puedan cumplir” el calendario fijado a los ayuntamientos, por lo que se ha visto obligado a “flexibilizar” los plazos. Pero, incluso así los ayuntamientos cuentan con un tiempo muy ajustado.
Ahora, las entidades locales dispondrán hasta el 15 de junio para iniciar la contratación del 80% de las obras, y antes de diciembre de este año deberán haber adjudicado, al menos, el 60% de ellas. En definitiva teniendo en cuenta los lentos procesos administrativos, el Gobierno de Carlos García Carbayo no puede perder ni un minuto para poner en marcha los proyectos de peatonalización de 30 calles del centro, los nuevos tramos de carril bici y la nueva red de control de tráfico que ayude a reducir el tráfico en el centro, unos trabajos que deben estar concluidos en menos de dos años y medio, antes del 31 de diciembre de 2024, para no perder la financiación de la UE.
Ante la presión de estos plazos, la Comisión de Fomento aprobará el martes cinco proyectos que suman casi 2,3 millones de euros y que están incluidos en el plan municipal para la creación de la ZBE, que conllevará una inversión total de 8,7 millones de euros. Se trata de las obras de peatonalización de Íscar Peyra, Cuesta del Carmen y Crespo Rascón (642.237 euros); del barrio de San Juan de Sahagún (275.764 euros); el entorno de la iglesia de San Juan Bautista (260.433), y de la Vaguada de la Palma, Cuesta de Oviedo, Balmes y Veracruz (1.118.008 euros); así como la construcción del carril bici de Alfonso de Castro hasta Mirat (52.258 euros).
Licitada, adjudicada y en su recta final está ya la peatonalización de la calle Ancha (302.156 euros), incluida también en este plan. También están en marcha obras subvencionadas del carril bici, pero aún quedarían por aprobar importantes proyectos urbanísticos, como son los que afectan al corredor que va desde Correhuela hasta el Corrillo y su continuación por San Pablo hasta la plaza de Colón, así como la remodelación de San Justo, Varillas y Gonzala Santana.
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