Viernes, 21 de agosto 2020, 11:13
El acuerdo del Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que las entidades locales “presten” sus ahorros al Estado no ha terminado de cuajar en el seno de los grandes ayuntamientos de la provincia de Salamanca, que a falta de que esta medida se formalice en un decreto no se plantean dar este dinero al Ejecutivo de Sánchez e Iglesias.
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Los consistorios gobernados por el Partido Popular ya han manifestado su negativa. Santa Marta, Villamayor, Carbajosa, Ciudad Rodrigo, Vitigudino o Cabrerizos son algunos de los municipios que han mostrado tajantemente su rechazo al pacto entre Ejecutivo y FEMP y tan solo algunos como Peñaranda, Villares de la Reina o Béjar están esperando a la aprobación del decreto del Gobierno para manifestarse en una posición u otra.
Lo que queda patente es que ninguna de las entidades locales regidas por el Partido Popular va a ceder al “chantaje” de Sánchez e Iglesias, mientras que aquellas que están controladas por socialistas o Ciudadanos son más “sensibles” al préstamo de los remanentes.
Los populares están presentando mociones en los plenos para rechazar el acuerdo entre FEMP y Gobierno
Al igual que ocurre con las administraciones locales gobernadas por los populares, la Diputación tampoco va a prestar sus ahorros. El presidente de La Salina, Javier Iglesias, es partidario de invertir todo lo posible ahora “en un momento en el que los ciudadanos de la Salamanca rural lo necesitan”, al tiempo de que califica de “chantaje” la “incautación del dinero de los ayuntamientos que pretende llevar a cabo el Gobierno”. Para Iglesias se trata de “una tropelía” que “atenta contra la autonomía local”. A su juicio los ayuntamientos ahorran y el Gobierno “se lleva el dinero para gastarlo y colocarse medallas”. Los populares de hecho están presentado mociones en los ayuntamientos y en la propia Salina para rechazar este acuerdo de la Federación Española de Municipios.
Sin embargo, para los alcaldes populares aún hay opciones de que esto no salga adelante. Todo aún está pendiente de pasar por el Congreso de los Diputados, pero las diferentes formaciones políticas han intercambiado documentos con el futuro decreto. En el último documento se establecen mecanismos de apoyo a los municipios con problemas de liquidez o en riesgo financiero, se acuerda no exigir a los ayuntamientos el cumplimiento de la regla de gasto en 2020 y el compromiso de estudiar su ampliación para 2021. Además, se incorpora que las entidades locales participen de forma directa como beneficiarias del fondo de recuperación aprobado por la Unión Europea y se constituya una mesa de trabajo para la futura reforma de la financiación local.
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¿En qué consiste el acuerdo?
Se trata de un una préstamo voluntario por parte de cualquier entidad local por el total de su remanente a la Administración Central, y con el que Hacienda realizará sendos ingresos en 2020 y 2021 a las entidades locales que, como mínimo, representarán el 35% de los fondos aportados y que llegará a los 5.000 millones de euros.
¿Por qué hay polémica?
Muchos ayuntamientos consideran que el Estado se está adueñando de un dinero que les pertenece y del que además sólo recibirán 5.000 millones en 2020 y 2021. El resto, hasta un total cercano a los 15.000 millones, se les será reintegrado en un plazo de 15 años.
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¿Cómo lo defiende el Gobierno?
Desde el Gobierno dicen que la ley de estabilidad e incluso la propia Constitución obliga a que las entidades locales alcancen el equilibrio presupuestario, y que la utilización directa del remanente generaría déficit.
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