Sábado, 28 de agosto 2021, 15:16
El Consejo de Ministros ha incluido a la Comunidad de Castilla y León en la declaración de Zona Catastrófica por causa de los incendios forestales que se han producido en las últimas semanas, sin embargo esta declaración ha causado incertidumbre en San Felices de los Gallegos, donde las llamas arrasaron a mediados de mes más de 1.700 hectáreas de terreno, afectando también a una parte del término municipal de Bañobarez
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Ni los alcaldes, ni los ganaderos y agricultores directamente afectados, ni tampoco la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León tienen información directa de qué supone en cuanto ayudas esta declaración por parte del Ministerio.
Al mismo tiempo, desde la subdelegación del Gobierno en Salamanca se remite a la información emitida por el propio Consejo de Ministros, en la que tan solo se señala que se declaran “zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC) las comunidades autónomas que este verano han sufrido importantes incendios forestales”, entre ellas Castilla y León.
Del mismo modo, aclara que “en todos los casos estos incendios alcanzaron tal gravedad que las comunidades autónomas se vieron obligadas a activar sus respectivos planes de protección en una situación operativa de entidad, niveles 1 y 2”, por lo que se entiende que las ayudas por daños en bienes públicos y privados irán a destinadas a aquellas zonas como San Felices de los Gallegos en los que la Junta de Castilla y León elevó el nivel de peligrosidad del incendio forestal.
En estudio posibles rebajas fiscales
La declaración como Zona Afectada Gravemente por Emergencias de Protección Civil (ZAEPC) permitirá, según señala el acuerdo del Consejo de Ministros, que “los afectados puedan beneficiarse de una serie de medidas y ayudas destinadas a paliar tanto daños personales como materiales en vivienda y enseres y en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, y de otros servicios”.
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La declaración también incluye ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes, así como a las corporaciones locales en sus labores de recuperación de las áreas devastadas por el fuego.
Una vez que la Administración General del Estado disponga de una memoria con la estimación de los daños producidos, que realizará en colaboración con el resto de administraciones autonómicas y locales competentes, este acuerdo podrá incorporar otras medidas complementarias a las adoptadas por las administraciones territoriales, a las que corresponde la competencia en materia de protección civil.
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De esta forma, el acuerdo del Consejo de Ministros, señala que “se estudiará la posible adopción de medidas fiscales relativas al IBI, IAE, IVA e IRPF para compensar las pérdidas ocasionadas”, basándose en lo establecido en el Real Decreto que regula este tipo de actuaciones.
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