Vista de dos vecinos de El Tornadizo con el Ayuntamiento de la localidad al fondo. El municipio tiene menos de cien habitantes, tres concejales y alcaldesa mujer. TEL

La despoblación impedirá la implantación de las “listas cremallera” en la provincia de Salamanca

La ley de paridad vigente desde 2007 exime de contar con un mínimo de un 40% de mujeres en las candidaturas a los pueblos de menos de 3.000 habitantes

TEL

Sábado, 11 de marzo 2023, 22:09

Las despoblación del medio rural salmantino pondrá en peligro la ampliación de la norma que pretende implantar por ley las listas cremalleras en los diferentes procesos electorales. Es decir, que se tendrán que alternarse hombre y mujeres y nunca uno de los dos sexos podrá tener menos del 40% de los candidatos.

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No será viable, en principio, porque en los municipios más pequeños podría no aplicarse dicha norma y en Salamanca abundan los municipios con 200 habitantes o menos. De hecho, en esas localidades es difícil encontrar ya candidatos para completar las listas y los partidos apuestan por introducir los denominados paracaídas (personas ajenas al pueblo) para poder hacer la lista.

La normativa tendrá que desarrollarse de ahora en adelante, pero el Consejo de Ministros del pasado martes, 7 de marzo, aprobó el Anteproyecto de Ley Orgánica de representación paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión. Una iniciativa que continúa la senda trazada por la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que incorporó el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres y que apuesta por la imposición de las cuotas por sexo en lugar de los méritos de las personas. Según recoge el Gobierno de España, “la nueva norma busca garantizar la representación efectiva de las mujeres en el ámbito político. Para ello, modifica la legislación electoral con el fin de establecer la obligatoriedad de las listas cremallera (candidaturas integradas por personas de uno y otro sexo ordenadas de forma alternativa) en las elecciones de miembros del Congreso, Senado, Parlamento Europeo, asambleas autonómicas, municipios, consejos insulares y cabildos insulares”.

La ley de 2007 ya establecía la obligatoriedad de contar con un mínimo de un 40% de personas del mismo sexo en las candidaturas, que deberían cumplirse en tramos de cinco personas. Es decir, cada cinco personas tendría que haber un mínimo de dos mujeres o de dos hombres. En aquel momento, esta norma no era exigible a las candidaturas que se presentaran en municipios con población igual o inferior a 3.000 habitantes y de los 362 municipios de la provincia sólo 12 cumplen ese requisito.

Algunos partidos políticos ya pusieron en práctica el modelo de “listas cremallera” en las pasadas elecciones municipales pese a no ser obligatorio. El PSOE lo impulsó en algunos de sus grandes municipios, pero no en todos, ya que lo hizo en la capital o en Alba, casi lo consiguió al cien por cien en Béjar, pero no en Guijuelo, donde los tres primeros de la lista fueron hombres. Otros grupos de izquierdas como Izquierda Unida en Béjar sí lo hicieron, así como formaciones localistas como Tú Aportas Béjar, fundada a raíz de una escisión del PSOE bejarano en 2015. Lo hacen como forma de compromiso con el espíritu de la norma pero no porque tengan la obligación. Una vez aprobada la nueva ley sí tendrán que hacerlo por “imperativo legal”, una cuestión que no en todos los casos se entiende por igual dado que desde otras formaciones se entiende este tema de otra manera. Sorihuela es un ejemplo de ello ya que su alcaldesa, Nieves García, ha defendido la valía de las personas por encima de imposiciones. A lo largo de sus años como regidora ha contado con corporaciones con un importante componente femenino, como la de 2003 con cuatro mujeres de un total de siete. En otras ocasiones, ha optado por tener más hombres en sus listas, como la de 2007.

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En definitiva, la falta de población, el censo reducido de la mayoría de los pueblos, su envejecimiento y las dificultades para encontrar candidatos harán poco visible la nueva ley, una vez que se apruebe, en la provincia de Salamanca de mantenerse el límite de los 3.000 habitantes. Si se modifica, la situación sería diferente pero el temor de muchos alcaldes es que no hubiera tope alguno y todos los pueblos tuvieran que hacer listas cremallera.

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